El juez señala a "las más altas instancias" en el desfalco del Palma Arena

La investigación del caso Palma Arena por presunta corrupción durante la edificación del velódromo, apunta a "las más altas instancias" como responsables de que la obra costase más del doble de lo presupuestado. De los 41 millones licitados inicialmente, se pasó a un precio final de 110. En el auto dictado tras tomar declaración a los imputados, entre ellos, tres ex altos cargos del PP de Jaume Matas, el juez José Castro aprecia "serios indicios de criminalidad" en la actuación de los dirigentes del consorcio del Palma Arena y cita "connivencias, irregularidades y favoritismos" en el proceso de construcción.

El ex gerente del velódromo, Jorge Moisés, y el ex director general de Deportes de Matas, José Luis Pepote Ballester, depositaron ayer sus fianzas, de 50.000 euros cada uno, con lo que todos los detenidos en la Operación Espada han quedado ya en libertad con cargos. A lo largo del domingo abonaron también sus fianzas, de entre 15.000 y 25.000 euros, el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; y el jefe de la UTE que hizo la obra, Miguel Ángel Rodríguez.

Se les acusa de malversación de fondos públicos, prevaricación, cohecho y falsedad. Fuentes jurídicas apuntan a que todavía faltan entre 10 y 12 personas por declarar ante los fiscales y el magistrado que instruye el caso. Los imputados recurren a la estrategia de descalificar el proyecto inicial, "lleno de deficiencias", que presuntamente explicaría el sobrecoste de la obra.

Dejación de funciones

El auto observa una "absoluta dejación" por parte del presidente en funciones del consorcio, Rafael Durán, actual portavoz del PP en Palma. Ello habría permitido que el poder lo ejercieran de facto Jorge Moisés y Pepote Ballester, que decidieron destituir "sin clara justificación" al ingeniero alemán Ralph Schürmann, autor de los planos originales. Moisés y Ballester recibieron "altas insinuaciones" para sustituir a Schürmann por el estudio de arquitectos García-Ruiz, "prescindiendo del más elemental procedimiento administrativo de contratación", es decir, haciéndolo a dedo, por 8,9 millones de euros.

Los García-Ruiz, también imputados, habrían canalizado la publicidad del velódromo a través de "diversas empresas gestionadas por Miguel Romero, a quien luego el PP encomendó la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2007".