La juez suspendida alargó sin motivo la prisión de otros dos reclusos
La magistrada, investigada por tener más de un año preso a un absuelto
Adelina Entrena, la juez de Motril (Granada) que mantuvo a un hombre en la cárcel durante 437 días tras haberlo absuelto, incumplió también los plazos de prisión de otros dos reclusos que pasaron 35 y 38 días de más entre rejas. El servicio de inspección del Poder Judicial visitó por sorpresa su juzgado (el Penal 1) después de que la juez fuera suspendida el pasado miércoles y detectó importantes irregularidades. El libro de presos preventivos (el registro de internos pendientes de juicio) era "un instrumento inútil para el control de este tipo de causas", según los inspectores. Algunos internos ni siquiera estaban anotados en él.
Además de a José Campoy Maldonado, que pasó año y medio en la cárcel hasta que un funcionario descubrió que no debía estar allí, Entrena mantuvo en prisión injustificadamente a D. A. S., acusado de maltrato familiar. La misma juez le envió a prisión provisional el 17 de febrero de 2006 porque no había asistido a un primer señalamiento del juicio. Luego, por fin, celebró la vista y le condenó a siete meses de reclusión.
En el libro de registro de los presos del juzgado no figuraban todos los internos
El reo recurrió la sentencia ante la Audiencia de Granada, a la que el juzgado remitió el caso el 15 de mayo de 2006. Pero sin advertir de que faltaban sólo dos semanas para que se cumpliera la mitad de la pena, plazo máximo de prisión provisional sin sentencia firme, según la ley. Ese plazo se cumplió el 29 de mayo, pero D. A. S. permaneció encarcelado cuatro meses más. No fue su abogado el que avisó al juzgado, sino su propia prisión (la de Albolote, en Granada), que el 23 de junio preguntó a la juez por qué estaba allí.
Entrena, sin embargo, no dictó su puesta en libertad. Su juzgado se dirigió a la Audiencia para reclamarle de nuevo el caso con el fin de "poder practicar diligencias urgentes pendientes en dicha causa". El tribunal remitió el expediente de vuelta al juzgado el 4 de julio, pero la juez no ordenó su salida hasta el 25 de octubre, dos semanas después de que la Audiencia confirmara la condena. En total, el preso pasó en la cárcel algo más de ocho meses, 35 días más de lo que le correspondía. Además, "debió ser puesto en libertad una vez hubo transcurrido la mitad de la pena impuesta [tres meses y medio]" con independencia de que, una vez confirmada la condena, cumpliera el resto del castigo.
Algo similar ocurrió con E. A. I., enviado a la cárcel por la juez como presunto autor de quebrantamiento el 22 de marzo de 2006 y condenado también por ella a seis meses de prisión. El preso recurrió la sentencia y la causa se envió a la Audiencia el 22 de mayo, también sin informar de que faltaba un mes para el límite de la prisión provisional. El tribunal confirmó la sentencia el 18 de septiembre, casi dos meses después de que se cumpliera la mitad de su condena.
La pena de E. A. I. se cumplió el 22 de septiembre, pero el recluso no salió hasta más de un mes después. Su abogado lo reclamó por teléfono a la Audiencia el 25 de octubre, después de que el juzgado, competente para dictar su libertad, no le diera una respuesta clara. A pesar de ello, "dada la urgencia del caso", decretó su salida. Por lo tanto, estuvo en la cárcel 218 días, 38 más de lo que le correspondía. Como en el caso anterior, "debió ser puesto en libertad una vez hubo transcurrido la mitad de la pena impuesta".
"El libro de presos preventivos", el registro con el que se computa el tiempo que pasan en la cárcel, es, según el informe de los inspectores, "un instrumento inútil". Ni Campoy, que pasó 437 días en la cárcel a pesar de haber sido absuelto, ni D. A. S., constaban en él.
