La justicia deja impunes a cinco jueces que cometieron faltas graves

Han faltado sólo 20 días para que quedara impune la conducta del juez Rafael Tirado, que dejó pasar dos años sin encarcelar a Santiago del Valle, que en ese periodo asesinó presuntamente a la niña de cinco años Mari Luz Cortés. La comisión disciplinaria del Poder Judicial sancionó ese error el pasado miércoles con una simple multa de 1.500 euros al entender que ese retraso injustificado constituía una falta grave en lugar de muy grave, que hubiera sido castigada con la suspensión temporal del juez, su traslado forzoso o su expulsión de la judicatura. Otros cinco jueces han tenido más suerte y se han librado de castigos muy graves desde febrero de 2006, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo obligó al Consejo a sancionar a los jueces investigados en el plazo estricto de seis meses.

Cualquier expediente disciplinario que supera ese plazo queda anulado y la falta cometida por el juez, impune. Gracias a esa nueva doctrina han quedado sin sanción retrasos escandalosos, jueces que se negaban reiteradamente a dictar sentencias, insultos a autoridades, funcionarios, fiscales o compañeros de carrera; abusos de autoridad y resoluciones estrafalarias en las que el autor hacía literatura en lugar de justicia.

Los vocales del Poder Judicial alegan que ese plazo es completamente insuficiente. Los cinco consejeros que han formado la comisión disciplinaria durante el mandato que está a punto de concluir -las progresistas Montserrat Comas y María Ángeles García, los conservadores Juan Pablo González y Carlos Ríos, y el vocal de consenso entre PSOE y PP Agustín Azparren- aprovecharon su última reunión para elaborar un informe en el que solicitan al Gobierno que reforme la ley para ampliar ese plazo a un año. "No tiene sentido que los expedientes de los jueces caduquen en seis meses cuando los de los secretarios judiciales y los funcionarios de Justicia lo hacen en 12. Sobre todo porque las investigaciones de jueces y magistrados suelen ser mucho más complejas", asegura Comas, presidenta de la comisión disciplinaria.

El informe asegura que castigar a un juez en seis meses "resulta en muchos casos de imposible cumplimiento" y recuerda "la especial complejidad de algunos expedientes", la tardanza en la práctica de pruebas y las estrategias de los propios investigados, que utilizan todo tipo de tretas para retrasar lo más posible la investigación "de manera consciente y deliberada" para que caduque.

Los vocales describen cómo muchos jueces apuran al máximo los plazos para presentar sus alegaciones o entregan al instructor multitud de documentos que deben ser examinados antes de formular una propuesta de sanción.

Esta llega muchas veces al borde de que venza el plazo o incluso cuando ya ha concluido. En esos casos, debido a la escasez de tiempo, la facultad sancionadora del Consejo queda mermada. El órgano que decide el castigo -la comisión disciplinaria si la falta es grave o el Pleno, si es muy grave- se ve obligado a aceptar la propuesta del instructor. La ley faculta a los vocales a devolver a éste la investigación para que proponga una sanción más grave, lo que obliga a escuchar de nuevo al juez investigado. Pero ante el riesgo de que el paso del tiempo deje al juez sin castigo, el Poder Judicial se resigna a aceptar la propuesta que le llega del instructor.