Un juzgado de Las Palmas avala la actuación policial en el caso Haidar

Una magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria avala en un auto la actuación policial en el caso Haidar cuando el pasado 14 de noviembre se impidió la salida de España a la activista saharaui. Asimismo, la juez ha rechazado las medidas cautelares que la activista saharaui pedía por este caso, entre las que se encontraba su salida inmediata de territorio español hacia El Aiún.

La magistrada considera que tanto los agentes que permitieron la entrada de Aminetu Haidar en España como los que impidieron su salida aplicaron correctamente el artículo 25.5 de la Ley Extranjería y el punto 5.4a del Código Schengen. Ambos permiten, según señala el auto, la llegada de extranjeros a España con un permiso de residencia en vigor aún cuando este "no puede ser considerado como un título de viaje válido a los efectos de autorizar la salida de territorio nacional con destino a un tercer Estado".

Si bien el ordenamiento jurídico español "permite la salida de España con documentación defectuosa o incluso sin ella", prosigue el auto judicial, "al mismo tiempo establece la facultad discrecional de los servicios policiales de control de valorar la oportunidad o conveniencia de permitir la salida en tales condiciones".

La juez considera, además, que no pueden ignorarse "las especiales circunstancias que concurren en el presente caso, en el que es público y notorio, la voluntad de las autoridades marroquíes de impedir la entrada de la recurrente a dicho país", por lo que, en el supuesto de permitir la salida de Haidar de España, existe el "riesgo de que se produzca la situación descrita por el Abogado del Estado como 'viaje en órbita".

Las circunstancias de la llegada de Haidar a España y la actuación de los agentes de policía han centrado parte de la polémica sobre el caso de la activista saharaui en los últimos días. El Gobierno defendió la actuación policial en la entrada en España de Aminetu Haidar -tras ser detenida el día 14 por Marruecos y devuelta a Lanzarote- fue "conforme a la ley", pese a carecer de pasaporte, y que en la decisión de dejarla pasar no intervino "ninguna autoridad política" sino "la policía de fronteras". Fuentes del Gobierno indicaron que no se pretendía descargar la responsabilidad sobre la policía ni acusarla de nada porque todo fue legal y que el artículo 5.4a del Código Schengen avala que se le permitiera entrar sólo con la tarjeta de residencia. Retornarla a El Aaiún no era posible, al haber sido devuelta sin pasaporte por el país a retornar, alegan.

Fuentes policiales, por su parte, indicaron que, si bien la entrada pudo ser legal, los agentes de fronteras sabían por su cadena de mando que Haidar llegaba sin pasaporte y que había que dejarla pasar, pero sin informarles, quizás por ignorarlo, del trasfondo político. La activista se negó a ello y hubo que convencerla. Para ello, le ofrecieron volver a El Aaiún en un vuelo que salía a las 18.00 del día 14. Entonces los agentes recibieron la orden de no dejarla salir sin pasaporte, pues hubiera quedado en tierra de nadie. Las decisiones fueron consultadas con la Comisaría General de Extranjería.

Mientras tanto, el mayor sindicato policial aseguró que Haidar fue objeto de "una deportación ilegal" de Marruecos y que España vulneró las leyes de Extranjería. Tras las declaraciones del Gobierno, el Sindicato Unificado de la Policía tildó de "bajeza moral" y "actitud vergonzante" que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero responsabilizara a la policía de abrirle el paso a Haidar. "La vicepresidenta miente y el presidente no se entera", dijo el líder del SUP, José Manuel Sánchez Fornet: "Fue una deportación ilegal de un natural de su país y una detención ilegal hecha en Marruecos con complicidad de alguien de España. Una decisión así no la toma un policía. Un ciudadano de Marruecos que no tiene pasaporte no puede entrar".