Un juzgado condena a Tráfico por falta de diligencia al notificar multas

Un juzgado de Sevilla ha condenado a la Dirección General de Tráfico (DGT) por su "falta de diligencia" al notificar las multas, y por causar indefensión a un conductor al no responder a sus recursos, por lo que la Administración deberá pagar las costas del juicio y devolver los 140 euros objeto de la sanción.

El Juzgado de lo Contencioso número 7 de Sevilla señala en su sentencia que la Administración "ha de poner el máximo celo en lograr la notificación personal de sus resoluciones y agotar las posibilidades de tal comunicación, antes de proceder a la cómoda y ficticia vía de la notificación por edicto".

El magistrado se lamenta de que muchas sentencias han reiterado tal exigencia "sin que ello haga mella alguna en sus destinatarios", la Dirección General de Tráfico. El reclamante es el abogado sevillano Fernando Osuna, a quien la DGT deberá devolver ahora los 140 euros de la multa, cuya cuantía depositó cautelarmente, y además pagar lo que el letrado considere que son sus honorarios profesionales.

En la sentencia, el juez indica que el objeto de que la DGT pague las costas es que "el pleito no pierda su finalidad" y que el abogado no obtenga "una victoria pírrica", al "verse obligado a asumir el coste del tiempo empleado como profesional".

El abogado alegó en su defensa la prescripción de la infracción, la caducidad del procedimiento sancionador, la "incongruencia procesal" al no haber respondido Tráfico a sus diversas peticiones, argumentos y recursos, y defectos en la notificación de la infracción. La sentencia, según el texto facilitado por el letrado, se lamenta de que "la Administración olvida con demasiada frecuencia que la comunicación con los administrados es un instrumento para que éstos puedan ejercitar sus derechos frente a la primera", y por ello "ha de poner el máximo celo en lograr la notificación personal de sus resoluciones y agotar las posibilidades de tal comunicación".

Huelga de "bolis caídos"

Por otra parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) difundió ayer una nota en la que hace balance de una campaña llevada a cabo durante el mes de enero, enero en blanco, en la que los agentes evitan poner multas a los conductores.

Los agentes pretenden con esta medida "hacer ver al Gobierno el malestar de los guardias civiles por sus condiciones laborales, pero que a la vez no sea perjudicial para los ciudadanos". Y exigen al Ejecutivo la rápida aprobación de la Ley de Derechos y Deberes y la reforma del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

Según esta asociación, mayoritaria en el cuerpo, su campaña "de concienciación sobre la seguridad vial o huelga de bolis caídos" redujo el número total de denuncias del mes de enero de 2007, respecto al mismo periodo de 2006, casi a la mitad, un 42,72% (con 74.150 denuncias menos). Durante el tiempo que ha durado la huelga, según la AUGC, se ha producido una pérdida económica para el Estado estimada en 15 millones de euros, por sanciones que no serán recaudadas.