¿Qué le pasa a la Justicia?

¿Tienen los jueces derecho a la huelga? ¿De quién es la culpa del atasco judicial? ¿Hacen falta más juzgados? ¿Se trata de un colectivo corporativista? ELPAÍS.com quiere ofrecer a los lectores la posibilidad de preguntar estas y otras cuestiones a los protagonistas de la noticia: un representante del Gobierno, la voz de una asociación judicial y la portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Así, Julio Pérez Hernández, Miguel Ángel Gimeno y Gabriela Bravo, respectivamente, responderán este miércoles a las dudas de los internautas.

La reciente sanción al juez Tirado por no ejecutar la sentencia de cárcel al presunto asesino de la niña Mari Luz, que fue criticada duramente por el Gobierno, ha elevado la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, mientras la confianza de los ciudadanos en la Justicia pasa por sus peores momentos. Por ello, ELPAÍS.com quiere que sean los lectores quienes se dirijan directamente a los principales actores y les hagan llegar sus dudas al respecto.

De esta manera, el Secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, charlará con los internautas este miércoles a las 12 de la mañana sobre la postura del Gobierno ante esta cuestión. El representante del Ejecutivo comentará la promesa de endurecer las sanciones a los jueces, a la vez que podrá hablar sobre las medidas del Gobierno para mejorar la situación en los juzgados, entre otras cuestiones.

Mientras, el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, estará con los lectores a partir de las 13 horas para exponer los argumentos de las asociaciones judiciales. Gimeno podrá hablar sobre los problemas que padecen en los juzgados, así como de las condiciones de los jueces y magistrados para no ir a la huelga el próximo 18 de febrero.

Por último, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, charlará sobre la postura del órgano de gobierno de los jueces ante la cuestión. ELPAÍS.com también ofreció la posibilidad de participar en esta experiencia al portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García Martínez, quien rehusó participar.