La ley obligará a las cadenas privadas a dar espacios electorales a los partidos

La reforma de la ley electoral incluirá un histórico recorte del derecho de voto de los españoles residentes en el extranjero, la renuncia a acometer cambios en el reparto proporcional de los escaños y a eliminar los límites a la publicación de encuestas, el propósito de seguir estrechando el cerco a Batasuna y sus grupos sucesores y la polémica intervención en la información electoral de las cadenas privadas de televisión. El texto dio ayer un paso decisivo en la Comisión Constitucional con la aprobación del informe de la subcomisión parlamentaria, que ha trabajado durante toda la legislatura en el Congreso. Ahora deberá convertirse en una proposición de ley para que culmine el trámite.

El tiempo dedicado a las formaciones será proporcional a sus resultados

Los partidos han pactado que las cadenas privadas de televisión estén obligadas en sus informativos a incluir espacios sobre la campaña electoral, con tiempos proporcionales a los resultados de comicios anteriores. No como espacios gratuitos, sino como información proporcional, al igual que se ven obligadas a hacer las televisiones públicas. Es decir, las cadenas privadas no podrán dejar de dar información de un partido en campaña o darle más a otro, con un estricto criterio periodístico.

Todo empezó con un pacto entre PSOE y PP, al que se han sumado todos los partidos (ver EL PAÍS del 19 de marzo). Hay acuerdo entre ellos, pero falta aún la concreción material en la norma. El informe de la subcomisión incluía un párrafo que aseguraba que "durante los períodos electorales las emisoras de televisión privada deberán respetar asimismo los principios de pluralismo, igualdad, neutralidad informativa y proporcionalidad, quedando sometidas a las Instrucciones que elabore la Junta Electoral Central para las televisiones públicas".

Ayer, al iniciarse la sesión de la Comisión Constitucional, su presidente, Alfonso Guerra, anunció que ese apartado no sería sometido a votación, para "precisarlo técnicamente". Según explican los grupos, no renuncian a ese acuerdo, pero deberá ser precisado en el trámite de enmiendas, que se iniciará después del verano. Argumentan que las televisiones privadas son concesiones administrativas y que, por tanto, deben estar sujetas a criterios de pluralismo durante las campañas electorales.

El dictamen fue aprobado ayer con los votos particulares de IU, BNG, UPyD y Coalición Canaria. El rechazo de estos grupos está motivado en que no se aborda la reforma de la proporcionalidad o en que se elimina el derecho de voto de los emigrantes en las municipales, pero en ningún caso en el compromiso de regular la información de las televisiones privadas. Y PNV rechaza la parte de la reforma que se refiere a Batasuna y que dificulta el uso de candidaturas legales para colar a miembros de listas ilegalizadas. CiU e IU también expresaron sus dudas sobre la legalidad de esta última parte de la reforma. Los nacionalistas catalanes se abstuvieron en ese punto. La reforma amplía los plazos para impugnar listas sospechosas y evitar así que sus miembros tomen posesión de sus cargos, permite anular listas de un partido legal por la presencia "contaminante" de candidatos de listas ilegalizadas y aplica una "incompatibilidad sobrevenida" a los cargos de formaciones ilegalizadas después de celebrados los comicios, lo que permitiría la retirada del acta a un cargo ya electo.