En libertad seis de los trece detenidos por corrupción urbanística en Málaga
El alcalde de Alcaucín continúa arrestado y será uno de los últimos en prestar declaración por su implicación en el 'caso Arcos'
La titular del Juzgado número 3 de Vélez-Málaga ha dejado en libertad a los seis detenidos dentro del marco del caso Arcos contra la corrupción urbanística en Alcaucín (Málaga) que este lunes han prestado declaración.
S .M. R., una de las hijas del alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín (expulsado del PSOE) quien continúa arrestado y se prevé que sea uno de los últimos en prestar declaración, ha quedado en libertad con obligación de comparecer ante la juez cuando sea requerida y está acusada de un presunto delito de blanqueo de capitales.
F. Ll. O., propietario de la inmobiliaria Crocasa de Alcaucín, localidad de 2.500 habitantes, ha quedado en libertad provisional con fianza y debe comparecer este martes en el juzgado para que se le notifique el importe de dicha fianza, al igual que su yerno, L.E.C.M. A ambos, se les imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio.
Su hija, V.Ll.C., a la que se le imputan los supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, también está obligada a comparecer ante la juez. Con los mismos cargos han quedado en libertad provisional con fianza los empresarios J.M.R.A., detenido en Huelva, y M.T.P., arrestado en Vélez-Málaga.
160.000 euros bajo el colchón
El alcalde de Alcaucín, conocido en los circuitos flamencos con el nombre artístito de Pepe Calayo, continúa arrestado y se prevé que sea uno de los últimos en comparecer ante la titular del Juzgado número 3 de Vélez-Málaga. Durante los registros realizados el pasado viernes en la vivienda del primer edil, la Guardia Civil encontró dinero bajo un colchón y en diversos lugares de la casa. "Había unos 160.000 euros guardados por diferentes sitios", señalan fuentes de la investigación. Al parecer, el regidor justificó esta suma, repartida en billetes de 500 y 200 euros, diciendo que eran "los ahorros de toda una vida".
La juez encargada del caso ha acordado este lunes prorrogar el plazo de detención de quienes siguen arrestados, otras 6 personas y el alcalde, al cumplirse las 72 horas que marca la ley.
El caso Arcos investiga el pago de empresarios a cargos públicos de comisiones en forma de dinero o con viviendas para que hicieran la vista gorda, taparan o impulsaran viviendas irregulares. Los técnicos implicados están acusados de emitir de informes y certificados falsos expedidos para alterar las inscripciones catastrales y registrales de las fincas. La mayoría de los compradores de esas viviendas, que se han multiplicado exponencialmente en la población en los últimos años, son extranjeros.
