Un mandato para RTVE
Culmina la aprobación del primer "mandato-marco" para la Corporación RTVE. Un texto destinado, según se afirma, a concretar durante los próximos nueve años los objetivos generales y las líneas estratégicas del servicio público que le corresponde prestar. Hoy martes ese "mandato-marco" se debate en el pleno del Congreso de los Diputados y pasado mañana, jueves, llegará al pleno del Senado. La aceleración del trámite quedó patente en el dictamen encomendado a la correspondiente Comisión Mixta de Control Parlamentario. La base de partida ha sido una propuesta del Grupo Socialista a la que se han acoplado después algunas enmiendas transaccionales procedentes de Izquierda Unida, Entesa y BNG.
A ese servicio público se le impone que alcance todas las áreas pobladas del planeta sin reparar en costes
Para los socialistas, la aprobación del "mandato-marco" completa la reforma del modelo de RTVE, emprendida por el ejecutivo para desgubernamentalizarla y ofrecer la garantía de "una radiotelevisión pública de calidad, independiente, plural y saneada económicamente", según la fraseología al uso. Insisten en que constituye la base sobre la cual el Gobierno y RTVE habrán de negociar los sucesivos contratos-programa, de carácter trienal, que "aportarán transparencia y claridad en la financiación". Como de costumbre, los socialistas se atribuyen a sí mismos la máxima voluntad de acuerdo con el resto de los grupos parlamentarios y lamentan la imposible incorporación del PP al deseado consenso.
El impedimento es, a su juicio, que "el PP no comparte este nuevo modelo de televisión pública, como lo prueba que no lo aplique en las comunidades autónomas donde gobierna". Pero la aplicación del principio evangélico de por sus frutos los conoceréis haría imposible diferenciar el signo político de las Comunidades Autónomas a partir de la tendencia universal que todas ellas comparten de utilizar sus sistemas de radiotelevisión como servicio doméstico del gobierno establecido. Aceptemos que puede haber diferencias de grado pero que nada sustancial separa la instrumentalización de la radiotelevisión en la Valencia de los populares o en la Andalucía de los socialistas.
Tampoco se advierten diferencias, ni graves ni menores, al comparar las dos propuestas de "mandato-marco" disponibles: la del Grupo Socialista presentada el 23 de noviembre y la del Grupo Popular, que tuvo entrada en el registro del Congreso tres días después. Ambas obedecen a un mismo esquema basado en dos ejes. Primero, el de las menciones de las obligaciones impuestas por la Constitución, la Ley 17/2006 de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal y los Tratados de la UE. Segundo, el de la remisión permanente -tanto de cualquier noción del servicio público a prestar, como de detalles o precisiones derivados- al momento del contrato-programa, que según se señala una y otra vez seguirá en plazo inmediato.
Se parte de la existencia de una Radio y Televisión de Titularidad Estatal, al amparo de la Ley más arriba mencionada, y después se desgranan una serie de capítulos que renuncian a la definición del servicio público, sin la cual es imposible establecer los criterios subsiguientes que diferencien los dos grandes rubros de la peculiar financiación mixta de RTVE, es decir la que viene de los presupuestos generales del Estado y la que aportan los ingresos publicitarios y otros obtenidos del mercado audiovisual. Las referencias al servicio público son tan genéricas y omnicomprensivas que al final se cobra la impresión de que las aportaciones del Estado cubrirán la diferencia que resulte entre el total de los gastos en que incurra RTVE y los ingresos comerciales que genere.
A ese servicio público impreciso se le imponen enseguida en el "mandato-marco" unos deberes de emisión y difusión que alcance sobre todas las áreas pobladas del planeta, sin reparar para nada en costes cuya estimación se omite. Además la Corporación RTVE queda obligada a militar en todas las justas causas, a ser punta de lanza de las nuevas tecnologías y a sostener de modo independiente la Orquesta, los Coros, los sellos discográficos, el Instituto Oficial de Radiodifusión y Televisión (IORT) y cuanto quepa imaginar. Menos mal que el paso del tiempo ha ido incrementando el patrimonio inmobiliario de RTVE y sumando hectáreas en Prado del Rey, el Pirulí, Aravaca o Arganda a las que se les está poniendo carita de adosados. O tal vez de torres como las erigidas en lo que fue ciudad deportiva del Real Madrid por encima de la Plaza de Castilla, para el caso de que nos decidiéramos por soluciones audaces encomendadas a los Mansillas que sean precisos. Continuará.
