El mayor sindicato policial anuncia querellas contra los "conspiranoicos"

Tras la defenestración judicial de la teoría de la conspiración, llegan los anuncios de querellas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía (más de 30.000 afiliados) ha anunciado que presentará "lo antes posible" querellas o denuncias contra los políticos y periodistas más destacados de la teoría de la conspiración y en defensa de los agentes que han sido acusados por los conspiranoicos del 11-M de ser "encubridores, autores, inductores, cómplices o falsificadores" en la investigación de los atentados. Media docena de policías, desde agentes de base a comisarios, barajan en la actualidad iniciar medidas similares de forma individual.

José Manuel Sánchez Fornet, máximo dirigente del SUP, confirmó ayer que intentarán exigir responsabilidades penales por sus acusaciones "injuriosas y malintencionadas" de, entre otros, del dirigente del PP Ignacio Astarloa, secretario de Estado de Seguridad antes, durante el 11-M y los dos meses siguientes; del diputado de UPN-PP Jaime Ignacio del Burgo, escritor de libros sobre la conspiración y firmante de las preguntas parlamentarias más extravagantes sobre el 11-M; el periodista de El Mundo Fernando Múgica, el locutor estrella de la cadena de los obispos Cope, Federico Jiménez Losantos -"el locutor rabioso", según se le califica en los escritos del SUP- , y el inventor de la mayoría de los bulos, Luis del Pino, colaborador de la Cope, Libertad Digital y otros medios.

"La decisión sindical está tomada desde el 5 de junio de 2005 de ir contra los autores de la conspiración, sean periodistas o políticos. Ahora es el momento", confirmó Sánchez Fornet. El gabinete jurídico del SUP ya estudia la sentencia y las posibilidades legales que abre. La primera querella será presentada en la Audiencia Nacional. Pero si los jueces deciden que carecen de legitimidad para hacer una defensa de la policía en su conjunto, buscarán nuevas vías.

Las alternativas barajadas son la de acudir a la vía contencioso-administrativa, de forma que se consiga forzar al Ministerio del Interior a asumir al defensa de los agentes. La otra es presentar una propuesta en el Consejo de la Policía que pida a Interior que defienda los intereses de los policías acusados individualmente o en conjunto.

El SUP ya ha recopilado recortes de prensa y grabaciones en las que se acusa a agentes con nombres y apellidos de colocar la bomba de Vallecas, de haber permitido el atentado, de haber falsificado pruebas, de tener conexiones con ETA o de colaborar en un golpe de Estado.