La mitad de los ayuntamientos aún no se ha acogido al fondo estatal de obras

Los funcionarios del Ministerio de Administraciones Públicas se preparan para una avalancha que llegará esta semana. El próximo sábado termina el plazo dado por el Gobierno a los 8.112 ayuntamientos de España para que presenten sus proyectos de obra y puedan así beneficiarse del Fondo Estatal de Inversión Local: una partida de 8.000 millones de euros para aliviar las listas del paro financiando obras municipales sólo durante este año. Como es una medida de urgencia ante la crisis galopante, todo debe hacerse a toda prisa: los municipios han tenido apenas 40 días para presentar sus solicitudes. Y a día de hoy quedan aún 4.000 ayuntamientos que no lo han hecho.

"Era de prever que muchos lo dejaran para el final, pero en los últimos días la cosa ha cogido carrerilla. Lo más probable es que en esta semana haya un aluvión de peticiones", explica un portavoz de Administraciones Públicas.

El ritmo se ha disparado: hace tres semanas, sólo 400 alcaldes habían presentado proyectos; ayer eran ya 3.900. La ministra Elena Salgado se mostró "segura" el pasado viernes de que todos llegarán a tiempo para recibir el dinero y rechazó la posibilidad de dar una prórroga.

Los 3.900 ayuntamientos que han solicitado su parte del fondo -éste se distribuye por estricto criterio de población- suman 16.200 proyectos de obra, que costarían 5.200 millones y darían trabajo a 160.000 personas.

400.000 empleos

De esos proyectos, Administraciones Públicas ha dado ya el visto bueno a más de la mitad: 8.900 obras en 2.000 municipios, por 3.500 millones. Aún le queda más de la mitad del fondo por repartir. El objetivo es crear 400.000 puestos de trabajo "directos o indirectos" en un año. Hoy hay más de tres millones de trabajadores en paro.

Con el dinero del fondo no se puede financiar cualquier cosa. Deben ser obras pequeñas o medianas -guarderías, rehabilitación de edificios públicos, repavimentación de aceras, renovación del alumbrado- porque ninguna puede superar los cinco millones y deben estar terminadas antes del 31 de marzo de 2010. Dos requisitos con los que se pretende obtener resultados rápidos pero que algunos ayuntamientos han criticado porque les resta margen de maniobra.