Dos modelos ante la fase final de ETA
Pocos saben que el Gobierno, nada más romper ETA la última tregua en junio de 2007, alejó a los presos del núcleo duro de la banda de las prisiones en que estaban a la de El Puerto de Santa María (Cádiz). Este Ejecutivo, como los anteriores, no ha renunciado a hacer política penitenciaria, situándola en el contexto de la lucha antiterrorista. En esa línea, ha ido trasladando en las últimas semanas a cárceles próximas al País Vasco -a Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias)- a los ex dirigentes de ETA que expresaron su rechazo público, por carta, a la actual orientación de la banda. Con esta actuación, conocida desde hace semanas en el País Vasco, el Gobierno pretende facilitar la respuesta crítica hacia la actual dirección de la banda del colectivo más influyente de su entorno y en el que le consta que existe un gran malestar hacia dicha dirección, tras la ruptura de la tregua.
Desde hace tiempo existe una batalla en las cárceles porque tanto el Gobierno como ETA saben que los presos son el sector más vulnerable de la banda por el malestar existente en sus filas y por las emociones que acarrea en la izquierda abertzale. Ante el malestar y la pérdida de control de sus presos, la dirección de ETA decidió, hace unos meses, eliminar la figura del jefe del colectivo de presos en cada prisión y dejar en exclusiva la del comisario político de la banda. En este contexto se han producido reacciones como la de ayer, en la que un centenar de ex presos acusan el golpe que provoca la política penitenciaria del Gobierno.
Las medidas penitenciarias las había explicado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al diputado del PP, Federico Trillo, su interlocutor desde que en julio José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy recompusieron el pacto antiterrorista. El pacto fue el resultado de una doble coincidencia: el Gobierno, tras la ruptura de la tregua, en junio de 2007, basó su política antiterrorista en la represión contra ETA, y, paralelamente, Rajoy concluyó, tras su derrota electoral, que el uso del terrorismo como arma de desgaste de un gobierno no da frutos.
Las críticas a las medidas penitenciarias del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que atribuyó al Gobierno una nueva negociación con ETA, han dejado en entredicho la autoridad de Trillo y de Rajoy.
La sintonía contra ETA empezó a cambiar días antes, cuando Trillo anunció a Rubalcaba la decisión del PP de exigir al Gobierno, sin acuerdo previo, la disolución de los 42 ayuntamientos dónde gobierna ANV, tras el asesinato del empresario Ignacio Uría, a sabiendas de las dificultades legales que comporta. Este conflicto que ha suscitado el PP contra el Gobierno es resultado de sus tensiones internas. Rajoy, cuestionado por su principal rival, Esperanza Aguirre, y con el trasfondo de la presión que ejerce Rosa Díez, desde UPyD, se ve obligado a una huida hacia adelante contra el Ejecutivo.
Pero también se apuntan discrepancias entre el Gobierno y el PP sobre el modo de actuar en la fase terminal de ETA. Mientras el PP todo lo fía a las medidas legales, policiales y judiciales, el Gobierno busca, además, un espacio para la movilización política y social, como elemento decisivo para deslegitimar a ETA y que nada tiene que ver con la negociación. La polémica sobre la disolución de los ayuntamientos de ANV es un buen ejemplo de ese distinto modo de actuar.
El Gobierno considera como opción más deseable que sean los partidos -en el caso de Azpeitia, el PNV y EA- los que se impliquen en la expulsión de ANV de los municipios dónde gobiernan. Y sólo allí donde es imposible por disponer ANV de mayoría absoluta -son 24 pequeños municipios-, ha optado por buscar pruebas legales que sirvan para expulsarlos, apelando a la Ley de Régimen Local.
