_
_
_
_
_

La nieta de Companys exige una reparación oficial

La euforia que mostraron el jueves el presidente catalán, José Montilla, y del consejero de Interior, Joan Saura, por el informe de la fiscalía que considera "nulo" el juicio a Lluís Companys no es compartida, ni de lejos, por la nieta del presidente de la Generalitat republicano asesinado en 1940, Maria Lluïsa Gally. "Esto es un informe técnico, no una declaración oficial", aclaró ayer Gally desde su residencia en México. Avanzó que la familia "está contenta porque cada vez hay más luz y se ha dado un paso adelante", aunque añadió: "No queremos que se quede ahí". Gally exige un paso adelante de la Generalitat para lograr lo que quiere: una declaración oficial que repare la figura de su abuelo.

Más información
La Generalitat pide la reforma de la ley de Memoria Histórica

"La Generalitat me ha dicho que está muy contenta, pero yo les he dicho que no quiero que quede así, quiero que todo el mundo sepa oficialmente lo que le pasó a mi abuelo", pidió Gally. La nieta de Companys recibió la noticia de Saura, que le remitió el informe de la fiscalía. Gally le respondió que quiere un paso más. De momento, espera respuesta.

La nulidad no basta

La fiscalía quiso dar por cerrado el caso de la condena a muerte del presidente Companys declarando el juicio ilegítimo de acuerdo con los términos de la Ley de la Memoria Histórica. Pero no es suficiente para Maria Lluïsa Gally: "Quiero una declaración oficial que diga que mi abuelo fue secuestrado y asesinado cobardemente por ser el presidente de la Generalitat". La nieta del que fuera presidente de Cataluña durante la República, fusilado el 15 de octubre de 1940, pide "la dignificación de la figura de Companys", es decir, la nulidad de los dos juicios que lo condenaron a muerte.

Juristas e historiadores relacionados con el Memorial Democrático, impulsado por el tripartito, en la misma línea que el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, mostraron su decepción por la decisión adoptada por los fiscales de no apelar la condena ante el Supremo al alegar que la sentencia sólo la puede declarar nula un tribunal. La mayoría confesó, sin embargo, que no les sorprendía la resolución de los fiscales porque viene precedida de un problema político mal resuelto. Pero algo sí les dejó atónitos: que la mayoría de la clase política, salvo Esquerra, haya aplaudido el informe de la fiscalía.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_