Un nuevo Estatuto para anular la consulta

Una salida constitucional al desafío planteado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, con su plan para convocar una consulta sobre el derecho a decidir de los vascos. El Gobierno socialista rechaza el proyecto soberanista pero está dispuesto a negociar una reforma del Estatuto vasco que conceda más autogobierno a Euskadi, siempre dentro de los límites de la Constitución.

El presidente abrirá, tras su investidura a principios de abril, una ronda con los presidentes autonómicos, en la que incluirá a Ibarretxe. El Gobierno tiene previsto ofrecer al lehendakari como alternativa a su plan la tramitación de una reforma estatutaria cuyos límites sean los mismos que han permitido tramitar y aprobar en el Congreso otros seis estatutos autonómicos en la pasada legislatura.

Antes del encuentro con Ibarretxe, Zapatero recibirá al líder del Partido Nacionalista Vasco, Iñigo Urkullu. Éste conversó con Zapatero la noche del 9-M, a quien llamó para felicitarle por su reelección. Ambos quedaron en mantener un próximo encuentro.

El presidente del PNV se encuentra metido en una encrucijada. Por un lado, está su interés en mantener buenas relaciones con José Luis Rodríguez Zapatero y el Gobierno socialista, tras su fracaso electoral en el País Vasco -por vez primera, los socialistas superaron a los nacionalistas en las tres provincias vascas- y por otro, no quiere desautorizar públicamente la hoja de ruta del plan de Ibarretxe que conduce a una consulta ilegal sobre el derecho de autodeterminación.

Urkullu pretende evitar, con esa actitud cautelosa, una profundización en la división existente en el PNV entre las corrientes soberanista y autonomista. Previsiblemente, el PNV abogue con Ibarretxe por el agotamiento de la legislatura vasca, que culminaría la primavera de 2009, frente a la hipótesis inicial de adelantar las elecciones al próximo otoño. Con ese aplazamiento, el PNV podría alejar las elecciones vascas de las fracasadas elecciones generales y, también, tendría tiempo para recomponer su estrategia.

Al Gobierno socialista también le interesa mantener una buena relación con el PNV. El Ejecutivo de Zapatero pretende contar con los nacionalistas vascos para acometer su política antiterrorista, como ya sucedió en la legislatura pasada y como fue tradicional en los gobiernos de Felipe González. Y más aún en esta etapa que los socialistas consideran "terminal" para el terrorismo etarra, como ayer insistió el diputado socialista vasco Ramón Jáuregui.

Tampoco es un asunto menor para el Gobierno socialista poder asegurarse una relación estable con el grupo parlamentario del PNV, que podría aportarle seis de los siete votos que el Ejecutivo necesita para garantizarse la mayoría absoluta en todas las votaciones de la Cámara. Los otros dos votos los tiene asegurados con el BNG, que forma Gobierno con los socialistas en Galicia. Las demás opciones son más complicadas.

Para que se pueda dar la convergencia de estos planes de la dirección del PNV y del Gobierno socialista es condición imprescindible que los nacionalistas desactiven el plan soberanista de Ibarretxe, como ayer recordó Jáuregui, que insistió en que un eventual pacto con el Partido Nacionalista Vasco pasa por la renuncia de este partido a la consulta sobre el derecho a la autodeterminación.

La primera reacción del lehendakari no apunta en esa dirección. Ibarretxe declaró ayer en Radio Euskadi que su oferta soberanista "no ha quedado deslegitimada" por la importante caída electoral del PNV y de sus socios del Gobierno tripartito que preside (Eusko Alkartasuna y Ezker Batua) en las elecciones del pasado domingo 9.

Jáuregui le replicó. Tras insistir en que sería bueno un acuerdo con el PNV, aseguró que "el pueblo vasco ha vuelto a decir que no" a la consulta de Ibarretxe. "Creo que hay mucha gente en el PNV que piensa que si el lehendakari se empeña en este proceso, les lleva al barranco".