Aparici desvía a los técnicos la responsabilidad de vigilar el vertedero incontrolado

"Estoy aquí inmerecidamente". Con estas palabras ha entrado el vicepresidente de la Diputación de Castellón, Vicent Aparici, a la Ciudad de la Justicia, donde ha comenzado esta mañana el juicio por un presunto delito medioambiental y contra los recursos naturales por el que la fiscalía le pide hasta siete años de cárcel. Los hechos se remontan a 1998, cuando Aparici ocupaba la alcaldía de La Vall d'Uixó (Castellón). Desde su cargo, según la fiscal, autorizó al empresario que realizaba la recogida y tratamiento de los residuos para que "de manera periódica, se efectuaran vertidos y depósitos de todo tipo de residuos industriales y domésticos". Los vertidos contenían sustancias catalogadas como tóxicas y peligrosas que llegaron en ocasiones al mar desde el cauce del barranco del Garrut (afluente del río Belcaire), aunque en épocas de sequía se filtraron en el subsuelo, "afectando de manera grave al equilibrio de los sistemas naturales y a la salud de las personas expuestas", según la fiscalía.

"Esto tiene tres fases", ha dicho Aparici, que desvía la responsabilidad a los técnicos. "La primera es tener razón, que la tenemos, la segunda es defenderla bien y la tercera que te den la razón y eso no depende de nosotros", ha concluido el número 3 de Carlos Fabra antes de iniciarse el juicio, al que le ha acompañado una veintena de cargos del PP, entre alcaldes, concejales y diputados provinciales, así como la secretaria general del PP de Castellón, Marisol Linares.

Ya ante el tribunal, Aparici ha desviado a los técnicos la responsabilidad de vigilar el vertedero en el que, supuestamente, se depositaron los productos tóxicos y peligrosos. Aparici ha subrayado que él es "político" y no "técnico", y que no recibió ningún informe que indicase que "hubiera algún problema" en el vertedero del Garrut, en La Vall d'Uixó, mientras fue alcalde de la localidad. "Los técnicos no me dijeron nada" y "nuestro objetivo era clausurar el vertedero", ha insistido el actual responsable de Medio Ambiente de la Diputación de Castellón.

Aparici ha señalado a los técnicos como responsables del funcionamiento y control del vertedero. No obstante, ha admitido que tras recibir un expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica del Júcar en 1998 supo de la necesidad de "una actuación, pero nada fuera de lo normal", ya que le comentaron que era "bastante normal" que un vertedero "pueda humear y provocar pequeños incendios internos".

Sin embargo, tanto los guardas fluviales de la Confederación del Júcar como un agente del Seprona de la Guardia Civil han indicado que el vertedero no tenía ningún tipo de valla, ni control en la entrada y salida, que allí se vertían tanto basuras urbanas como industriales, por lo que también existían lixiviados que llegaban hasta el barranco junto al que se ubicaba.

El presidente provincial, Carlos Fabra, ha mostrado, a través de un comunicado, su respaldo "absoluto al vicesecretario del partido, vicepresidente de la Diputación y buen amigo en estos momento difíciles para él y para todos aquellos" que son "víctimas de la judicialización de la vida política española por parte del partido socialista", entre las que se incluye. El juicio continúa hoy.