El 'número dos' de Urbanismo de Murcia cobró 600.000 euros tras un convenio

Los dos principales implicados en la Operación Umbra que ha destapado una presunta red de corrupción en el Ayuntamiento de Murcia (PP): el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, y el abogado Higinio Pérez Mateos, cerraron una operación por la que cobraron más de 600.000 euros en una venta de parcelas en el pequeño municipio de Ulea. Esta venta se cerró mientras el funcionario tramitaba un convenio urbanístico en la Gerencia del Ayuntamiento murciano. Los investigadores consideran que este dinero pudo haber sido el pago realizado a cambio de que el funcionario hiciera la vista gorda, beneficiando a los empresarios, y perjudicando por tanto las arcas municipales. El 23 de diciembre de 2004, el detenido Pérez Mateos firmó un convenio urbanístico con el alcalde de Ulea, José Bolarín Cano (PP). El primer edil de este pequeño municipio se comprometía a reclasificar 2,7 millones de metros cuadrados de terreno rústico. Pérez Mateos no era propietario de estas fincas, pero sí había firmado una opción de compra con los dueños originales. De hecho, este abogado no compra de forma efectiva las fincas rústicas hasta que no llega a un acuerdo con los promotores de la urbanización Los Juncos de Ulea Golf Resort, que incluye 4.400 viviendas, un campo de golf y un hotel. El análisis de las escrituras constata que en la venta de Higinio Pérez Mateos a los promotores de la urbanización participa Alberto Guerra, considerado el número dos de Urbanismo.

Los promotores hinchaban las obras que cedían al Consistorio

Los agentes han detectado al menos la existencia de dos facturas falsas

La operación, según la acusación, se habría desarrollado así: Guerra beneficiaba a unos empresarios en Murcia valorando muy por debajo del precio de mercado la contrapartida que tenían que abonar al Consistorio a cambio de que le aumentaran la edificabilidad de sus parcelas. La investigación considera que la forma de pago por estos servicios era incluir a este funcionario en una operación urbanística en otro municipio, concretamente Ulea, encabezada por Pérez Mateos. Este abogado era socio en otra empresa del tercero de los detenidos, el empresario italiano Renato de Noce. Ambos son consejeros delegados de una sociedad radicada en Valencia denominada Paisajes Urbanos del Mediterráneo. A su vez De Noce aparece como socio del número tres del Urbanismo murciano, Joaquín Peñalver, imputado en el caso, y que compartía negocios con los empresarios beneficiados en Murcia.

Guerra fue interrogado sobre esta operación de Ulea por el juez tras ser detenido el 5 de octubre. Los investigadores creen también que este funcionario hizo la vista gorda cuando los empresarios engordaron el precio que costaba la contrapartida que debían pagar al Consistorio a cambio de que se le elevara la edificabilidad de sus parcelas, que consistía en la remodelaron un edificio histórico: el Casino. En ese sentido los agentes detectaron al menos dos facturas de los trabajos de remodelación que podrían ser falsas.

La puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, que se aprobó en 2005 permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener las plusvalías a cambio de una contraprestación al Ayuntamiento, que valoraban los propios técnicos, ahora imputados. Por eso, al menos dos de los convenios investigados incluían la remodelación y posterior cesión al Consistorio de edificios: el mencionado Casino y el Teatro Circo.

Un informe de la Intervención General del Estado sostiene que en los seis convenios que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, el Ayuntamiento perdió más de 300 millones de euros.

En la Operación Umbra ha habido hasta el momento tres detenidos y una veintena de imputados por los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, además de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública.