Un orden del día sobre competitividad y gasto público

El Gobierno ha entregado un documento lo suficientemente gaseoso como para no levantar ampollas de antemano y apunta a los cuatro grandes asuntos recogidos en la Ley de Economía Sostenible y el plan de austeridad anunciado por el Ejecutivo: la productividad de la economía, la política industrial y medidas para devolver el déficit público (del 11,4% en 2009) al 3% permitido por Bruselas en 2013. Apunta también medidas financieras, como facilitar el hoy constreñido acceso al crédito, riego sanguíneo de la empresa.

Han quedado fuera asuntos calientes como la reforma de las pensiones, que el Ejecutivo quiere negociar dentro del Pacto de Toledo; la tan traída y llevada reforma laboral, y el debate fiscal (habida cuenta que Zapatero no cree que haya margen para una bajada de impuestos). Así que el documento de tres folios entregado ayer es una suerte de orden del día.

- Competitividad y productividad. El Ejecutivo se compromete a una simplificación administrativa (que Bruselas exige), el impulso a la internacionalización de las empresas; revisar las ayudas a las pequeñas y medianas (pymes); apoyo a energías renovables y la eficiencia energética; y fomento del alquiler y la vivienda protegida, así como el desarrollo del modelo portuario y aeroportuario, entre otros.

- Política industrial para un nuevo modelo productivo. El documento apunta a una nueva estrategia para el horizonte 2010-2020, la promoción del coche eléctrico y la consolidación del sector aeronáutico.

- Reducción del déficit público. El Gobierno ya anunció su plan para ahorrar un total de 50.000 millones de euros hasta 2013, lo que dejaría el déficit en el 3%. Al recorte del gasto de 8.000 millones que ya preveía el Presupuesto de 2010 se suman otros 5.000 millones más de ajuste para los ministerios. Los empleados públicos también asumirán sacrificios, reduciendo personal (sólo se repondrá una de cada diez plazas vacantes, salvo servicios esenciales) y moderando sus salarios. El papel de ayer excluye los detalles.

- Crédito y morosidad. Algunas medidas, como reducir la morosidad de las administraciones públicas, lleva meses en discusión. Ayer mismo se desbloqueó el proceso para sacar adelante un proyecto de ley que, fundamentalmente, reduce a 30 días el plazo para que paguen las administraciones. En cuanto al acceso difícil al crédito de las empresas, resalta nuevas actuaciones del Instituto de Crédito Oficial (ICO).