Un partido salpicado por la corrupción

El PP valenciano protagoniza tres grandes casos de corrupción: el caso Fabra, el caso Gürtel y, ahora, la investigación judicial que afecta al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Bajo la lupa de la justicia están los principales dirigentes del partido, empezando por su presidente, Francisco Camps.

La trama de corrupción del caso Gürtel tiene en la Comunidad Valenciana uno de sus epicentros, ya que en él se han visto implicados, además de Camps, altos cargos de su Gobierno y también de su partido. Camps está imputado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, junto a otros tres altos cargos, por haber recibido trajes regalados por la red de corrupción que dirigía Francisco Correa, actualmente en prisión. Por otra parte, la investigación de las relaciones de la Generalitat y del PP con la empresa Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes,cabeza visible de la trama Gürtel en Valencia, ha llevado al juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a trasladar al TSJ valenciano la mayor parte de su instrucción relacionada con la Comunidad Valenciana, tras haber hallado indicios de hasta siete delitos por parte de Camps y su gobierno. Uno de los aspectos de esa investigación apunta a la financiación ilegal del PP valenciano en varias campañas electorales, que implica a media docena de empresarios.

Mientras, desde hace seis años, el presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, es objeto de investigación judicial. Actualmente está a un paso de sentarse en el banquillo para ser juzgado. Cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal son los delitos que se le imputan a Fabra, en cuyas cuentas bancarias la Agencia Tributaria detectó 600.000 euros sin procedencia justificada.

El de Fabra es uno de los casos paradigmáticos de imputado con apoyo incondicional de su partido. Un apoyo que posteriormente se trasladó a la imputación de Camps y al caso Gürtel. La única víctima política de esa trama corrupta ha sido el ex secretario general del PP, Ricardo Costa, apartado oficialmente por contradecir las decisiones de Génova.

Si exceptuamos al ex consejero de Sanidad, Luis Fernando Cartagena, que dimitió en marzo de 1998 por su implicación en un caso de corrupción de cuando era alcalde de Orihuela (un caso en el que fue condenado junto al empresario Ángel Fenoll, precisamente) y que le llevaría a la cárcel, ninguno de los cargos populares imputados en la Comunidad Valenciana ha sido expulsado del partido ni obligado a dimitir, si se exceptúa al ex alcalde de Polop, detenido por su supuesta participación en el asesinato de su predecesor, también del PP.

Los socialistas valencianos expulsaron al alcalde de Bigastro, Joaquín Moya, y a otros dos concejales, todos imputados por cohecho y malversación (Moya estuvo preso). La alcaldesa de San Fulgencio, Trinidad Martínez, también detenida, fue suspendida de militancia, al igual que dos concejales.