Los partidos presentan el primer acuerdo contra la crisis

En el contexto de las negociaciones para un pacto anticrisis, que viven hoy su jornada clave en el palacio de Fomento en la calle Zurbano, todos los grupos políticos presentaron este mediodía en el Senado un informe de análisis y recomendaciones sobre la situación económica que, al menos, rompe la imagen de frontal desacuerdo entre Gobierno y oposición de los últimos días. El documento, asumido por todos los grupos de la Cámara, recoge lo que los firmantes consideran un "consenso básico" sobre las cuestiones a resolver para salir de la crisis. Aunque el trabajo es anterior a la decisión del Gobierno de crear una comisión negociadora, coincide en señalar algunos de los principales planteamientos, como potenciar el ICO, racionalizar la Administración y fomentar la rehabilitación de viviendas.

Ante el evidente contraste con la marcha de las negociaciones del Gobierno, en las que hay acercamiento de posiciones pero está descartado un acuerdo global por todos los actores, los representantes de los partidos se esforzaron hoy por explicar que el suyo es un "documento de trabajo", según el presidente de la Comisión de Economía y promotor de la iniciativa, Jordi Vilajoana (CiU). Lo resumió el senador nacionalista mallorquín Pere Sampol al decir: "Podemos estar de acuerdo en que hay que fomentar la contratación de jóvenes, pero uno propondrá bajar cotizaciones y otro dar ayudas. Afortunadamente, siguen existiendo las ideologías y los partidos políticos", bromeó. Es decir, que el acuerdo presentado hoy en el Senado es sobre qué hay que hacer, pero el cómo es competencia de otras mesas de negociación, como la del palacio de Zurbano. Las conclusiones del informe se entregarán hoy mismo a la Vicepresidencia Segunda y a los representantes de los partidos en las negociaciones.

El informe se cuida de no hacer más que un catálogo de problemas a solucionar, pero sin entrar en concretar políticas ejecutivas, como se pretende en el palacio de Zurbano. De esa forma, puede recomendar "llevar a cabo los cambios regulatorios necesarios para asegurar la solvencia y eficiencia" de las cajas de ahorros; o también "incrementar las inversiones públicas" en infraestructuras, especialmente en el los ejes mediterráneo y cantábrico; o "avanzar y profundizar en la flexiseguridad" del mercado de trabajo. Ni una línea en las recomendaciones sobre la gran disputa que hay sobre la mesa, que es la subida del IVA que el Gobierno considera clave para sostener la balanza fiscal y el PP considera un lastre para la recuperación. También está descartado ese asunto en las negociaciones de Zurbano.

Otra clave para saltarse las diferencias partidistas es que las recomendaciones no provienen de los partidos, sino de 22 comparecientes que pertenecen a la elite económica de España, entre ellos los líderes de sindicatos y patronal, presidentes de los lobbies automovilístico y de construcción o expertos del mundo académico. El senador del PP José Manuel Barreiro, quizá entendiendo que la firma de su partido es la más sorprendente en el documento, quiso "subrayar que se trata de un documento de estudio que no recoge la posición de ningún partido. Recoge las distintas percepciones de los comparecientes". Barreiro lo presento como un "documento de reflexión".

Quizá algunos de los puntos más incisivos del informe no estén en las recomendaciones, de carácter general, sino en el análisis de la crisis, en el que todos los partidos asumen frases que no ha sido fácil escucharles en los últimos meses. Por ejemplo, el documento señala que el fondo de rescate bancario (FROB), "varios meses después de haber sido aprobado" no ha "avanzado decididamente el saneamiento" de las entidades que lo necesitan. Asimismo, señala que España "podría suscitar dudas en los inversores internacionales que sería necesario despejar cuanto antes" y por ello dice que las acciones para la "reducción del gasto público improductivo y la reducción de la deuda pública (...) deberían ser más firmes".

En este punto añade que "de lo contrario podría prolongarse e incluso acentuarse el deterioro económico que venimos padeciendo", algo que no está en el discurso del Gobierno. Pero tampoco está en el discurso del PP la frase siguiente: "En este sentido deberían comprometerse todas las Administraciones Públicas", es decir, las comunidades autónomas. Ya en la Conferencia de Presidentes de diciembre quedó patente que las comunidades gobernadas por el PP no estaban dispuestas a ir de la mano del Gobierno en una reducción del gasto y el déficit.

El informe es el resultado de más de un año de trabajo de la ponencia creada a iniciativa de CiU. La creación de esta ponencia en el Senado fue la solución intermedia que, en diciembre de 2008, encontraron los partidos para no crear la comisión de seguimiento permanente de la crisis en el Congreso que exigía Mariano Rajoy a cambio de apoyar las ayudas a la banca. La ponencia continuará sus trabajos después de este primer informe.

En cualquier caso, se trata de un acuerdo sobre las causas de la crisis, el análisis de la situación actual y los puntos clave que hay que abordar para superarla, en un contexto en el que el PP reclama al Gobierno una "rectificación completa" de toda su política económica y su representante en las negociaciones para un pacto anticrisis, Cristóbal Montoro, ha despreciado públicamente un documento de propuestas de Economía que coincidía en bastantes puntos con el presentado hoy.