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Análisis:
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

La perseverancia de los necios

Los vocales conservadores del CGPJ tratan de reelegir al presidente del TSJ que hizo posible el juicio al 'lehendakari'

"No se le puede pedir al sexo el trabajo del amor, y al amor el del sexo". Esa frase de la novelista estadounidense Mary McCarthy es perfectamente aplicable a los jueces y la política, aunque algunos pretendan pervertir la división de poderes poniendo a los primeros a dirigir y controlar la segunda y, al mismo tiempo, manejar la segunda para colocar en puestos clave y dirigir y controlar a los primeros.

Vientos de cordura han pasado por el Supremo a propósito de los que pretendían sentar en el banquillo de los acusados al lehendakari y su predecesor por mantener conversaciones con el entorno de ETA para tratar de conseguir el final del terrorismo. O sea, hacer política para intentar un objetivo no sólo lícito sino uno de los más prioritarios en cualquier sociedad civilizada. Algo que a determinados resentidos les debe parecer insoportable.

Porque si no, no se entiende que se interpongan querellas para criminalizar a Zapatero y medio Consejo de Ministros, así como a Juan José Ibarretxe y Patxi López, por hacer su trabajo. El Supremo ya decía en 2006 que el control judicial sobre los otros poderes del Estado nunca podría hacerse saltándose el principio democrático recogido en la Constitución, y que establece que es el Parlamento el que controla la acción del Gobierno. Por ello, calificaba de "fraude constitucional" el que alguien pretendiese corregir en los tribunales la dirección de la política del Estado, encomendada al Ejecutivo.

Pero si lo de las querellas no es razonable, lo que es verdaderamente marciano es que todo un presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, y su colega, Antonio García, portavoz de la asociación de jueces conservadora, se pasen por el forro de los dídimos el sentido común, el Código Penal y la doctrina del Supremo para sentar en el banquillo a Ibarretxe y Patxi López por algo que nunca puede ser delito. Si eso es hacer justicia, ¡hay que ver lo que se parece a hacer política!

El caso es que ahora la Sala Segunda (Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza, Alberto Jorge Barreiro y Andrés Martínez Arrieta, ponente) ha ratificado que es al Gobierno al que compete la dirección de la política del país y que "no pueden ser criminalizadas las posiciones de diálogo para la búsqueda de la mejor opción que garantice la ordenada convivencia social". Mal asunto cuando hay que estar recordando lo evidente.

Pero, además, el Supremo da un severo revolcón a Ruiz Piñeiro y su colega García porque debieron archivar la causa contra Ibarretxe y Patxi López, al tratarse de los mismos hechos que el alto tribunal ya había dicho que no eran delito respecto de Zapatero. Y añade que, al ser un proceso "de trascendencia política y mediática", la actuación de ambos ha causado un "grave deterioro en la función jurisdiccional", o sea, que han dejado la imagen de la Justicia por los suelos.

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Ahora, queridos lectores, imaginen que el presidente de su empresa aparece en todos los periódicos y telediarios y declara que ustedes han causado un grave daño a la compañía. ¿No se morirían de vergüenza y pensarían que su futuro profesional había pasado a ser... ninguno?

Pues no se tiene noticia de que Ruiz Piñeiro se haya muerto de vergüenza. Y respecto a su futuro profesional... ¿A que no saben qué magistrado ha obtenido la semana pasada 10 de los 21 votos posibles -el más votado- del Consejo del Poder Judicial para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco? Sí, han acertado. Los nueve vocales conservadores y el presidente, Carlos Dívar, le otorgaron su confianza. ¿No habrá un candidato mejor en toda la judicatura, o tal vez se trata de retribuirle servicios prestados?

Ya en el siglo I antes de Cristo, Cicerón decía en las Filípicas que "errar es cosa propia de cualquier hombre, pero perseverar en el error sólo es privativo de los necios".

Y no, Ruiz Piñeiro todavía no ha podido ser reelegido porque se necesitan tres quintos de los votos, es decir, 13. Pero no se preocupen, todo llegará. Sólo habrá que esperar a que los vocales del sector progresista necesiten colocar a uno de los suyos en otro puesto y pacten el correspondiente "cambio de cromos".

¡Cuándo se darán cuenta, como decía la columnista americana Abigail van Buren, de que "la gente que combate contra el fuego con más fuego, a menudo acaba quedándose con las cenizas!".

Claro que la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, ha asegurado que el órgano que nombra a los jueces no atiende "mandatos políticos de nadie" y que los nombramientos responden a la "alta valía jurídica de los profesionales" que optan al cargo. O vive en un mundo feliz o no se ha percatado -en el año y medio que lleva en funcionamiento este Consejo- de que las votaciones a los candidatos se producen por bloques siguiendo las recomendaciones de partidos políticos o asociaciones judiciales, independientemente de sus méritos. Alguien debería tener la piedad de contárselo.

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