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La piqueta acaba con un lujo de 18 millones

Derribada en Ibiza una mansión ilegal de 3.159 metros tras años de pleitos

Las excavadoras trabajaron sin licencia durante seis meses de 1996 para rebajar la cumbre de un monte de pinares en la zona virgen de Corona, en Sant Antoni de Ibiza. El músico de nacionalidad francesa Michael Cretu (Bucarest, 1957), alma del grupo Enigma, desmochó una colina y, tras un año de obras, obtuvo un permiso municipal (que resultó ilegal) para que cupieran los 3.150 metros cuadrados de su mansión soñada. Catorce años y un montón de pleitos después, otras retroexcavadoras derriban desde el jueves por orden judicial el enorme complejo. Cretu valora en más de 18 millones de euros el patrimonio inmobiliario perdido.

"Estaban advertidos de la ilegalidad. Es una victoria que nos hubiera gustado no celebrar pero es histórica porque era una brutalidad", razona Neus Prats del Grupo de Estudios de la Naturaleza (GEN-GOB), que encabezó las denuncias contra el edificio hasta llegar al Tribunal Supremo. Cretu tardó nueve años en levantar su mansión, con un estilo arquitectónico a mitad de camino entre un monasterio y un castillo, para lo que rebajó en tres metros la altura de la colina. Para amortiguar el impacto visual, rodeó la casa de cipreses y palmeras.

El músico ha peleado hasta el final para intentar conservar su impresionante mansión. En su pelea, Cretu llegó a conseguir que el Gobierno balear de Jaume Matas hiciera una ley ad hoc para que Cretu no tuviera que demoler. No cuajó la maniobra. En 2003, el Supremo dictaminó que debía ser pasto de la piqueta. Pero los años pasaban y la casa seguía en pie. La pertinaz demora municipal en ejecutar el derribo provocó que el Ayuntamiento de Sant Antoni tuviera que pagar dos sanciones de 600 euros por los retrasos en la demolición. Agustí Cerveró, abogado de cuestiones urbanísticas, recuerda que la licencia municipal fue declarada nula en los juzgados porque el paraje natural goza de la máxima protección por las leyes propias del Parlamento balear.

"La casa de Cretu podría haberse destinado a usos públicos", manifestó el edil de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, del PP, que rechaza la eventual indemnización por 18 millones a Cretu al recordar que la licencia sólo permitía edificar 700 metros cuadrados.

El abogado Jaume Roig, defensor de Cretu, lamenta la supuesta discriminación contra el propietario por ser muy conocido y extranjero. "La demolición sí es ejemplar", dice el jurista Cerveró. "Se acabó la impunidad", sentencia Neus Prats. Algunos vecinos de la zona, payeses y turistas, lamentan el gasto y destrozo de una mansión.

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