El plan para levantar 'Las Vegas' en Los Monegros se desinfla

Gran Scala, el proyecto para levantar en el desierto de Los Monegros el segundo complejo de casinos más grande del mundo, se desinfla. Desde que en diciembre y sobre la alfombra roja de la sede del Gobierno de Aragón, su presidente, Marcelino Iglesias (PSOE), anunciara el que iba a ser "el escaparate de Aragón ante el mundo", han crecido los detractores (asociaciones de vecinos, grupos ecologistas, UGT, CC OO, Cáritas...) y, sobre todo, las sospechas de insolvencia de los promotores, un grupo de 12 inversores extranjeros.

ILD, el consorcio promotor de Gran Scala, se registró en Cardiff el 17 de julio de 2007 con un capital social de sólo 50.000 libras (63.500 euros), el mínimo exigido por la normativa británica, según los medios locales. Los promotores de Spyland y Aquática, dos de los parques temáticos planeados dentro del complejo, crearon una sociedad instrumental en Reno en septiembre de 2007 con un capital de 950 euros. Todo muy lejos de los 17.000 millones de inversión que estimaban necesarios para convertir el desierto en tierra de casinos y tragaperras.

La gota que ha colmado el vaso y que el jueves obligó al consejero de Industria, Arturo Aliaga (PAR), a comparecer ante la oposición ha sido el descubrimiento de un dossier sobre un motor serbio y casi milagroso que apenas consume gasolina elaborado por los representantes de ILD en España para buscar inversores. En el documento habían impreso el logotipo del Gobierno de Aragón. Aliaga tuvo que aclarar que el Gobierno no había aportado un céntimo de los 4,8 millones de euros que pedían para desarrollar la patente "del motorcito", como se mofó un portavoz del PP.

La plataforma Stop Gran Scala, integrada por asociaciones de vecinos y ecologistas que se oponen al proyecto, ha llevado el asunto hasta el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por considerar que el Gobierno de Aragón "ha ido demasiado lejos sin comprobar la veracidad del proyecto", afirmó Paco Iturbe, su portavoz.

De momento, en siete meses, ni los promotores han puesto aval alguno ni han comprado terrenos, ni el Gobierno ha hecho las modificaciones necesarias en algunas leyes para llevar a cabo el proyecto, como la de juego, que autoriza sólo un casino por provincia. El vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, que en diciembre prometía poner "la primera piedra" del complejo en septiembre de este año, ha dejado de hablar de fechas, y el presidente, de "proyecto": "Es una idea", matizó recientemente.