El plan oculto de Ortiz, Alperi y Castedo

La policía y el fiscal del caso Brugal mantienen que los dos mandatarios del Ayuntamiento de Alicante, la alcaldesa Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi, redactaron el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en función del interés particular del promotor Enrique Ortiz. La investigación justifica esta afirmación en un dato: en la recta final de la elaboración del documento (entre marzo de 2008 y enero de 2010) la policía constata hasta 23 reuniones y 51 llamadas telefónicas en las que el objeto de la conversación era el nuevo planeamiento. Y en especial las actuaciones urbanísticas que más preocupan al promotor, a saber, la recalificación del estadio Rico Pérez, propiedad de una firma del empresario, y las nuevas zonas protegidas de la ciudad para acaparar suelo y luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a áreas urbanizables de la ciudad.

El informe policial cifra en unos 120 millones de euros el pelotazo de Ortiz con las permutas de suelo protegido por urbanizable.

Según el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Comisaría de Alicante, la mayoría de los encuentros tuvieron lugar en restaurantes, además de en los domicilios particulares de los implicados. En esas reuniones, siempre según la policía, tanto Castedo como Alperi proporcionaban al promotor información, y a veces hasta planos, de los proyectos que le afectaban.

La regidora Castedo ha admitido reuniones con Ortiz, "aunque siempre en presencia de técnicos municipales", puntualiza. Y, además, niega que facilitara al promotor información privilegiada.

Por otro lado, el juez que dirige la investigación de esta pieza del caso Brugal ha autorizado a la policía a que investigue en Hacienda el incremento patrimonial de un total de 29 empresas y personas implicadas en el sumario. La lista de las personas investigadas la encabezan la alcaldesa Castedo, su marido y su hermano; el exregidor Alperi y su hijo; y el promotor Ortiz y su esposa.