Dos poderes vascos se declaran la guerra

¡Es la guerra! La apertura del año judicial vasco se convirtió ayer en un ejercicio militar de fuego a discreción. Da igual quién disparó primero en la sala noble Palacio de Justicia bilbaíno, convertido en un campo de batalla donde el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, encendió la mecha al exigir a "nuestros poderes públicos" que "garanticen de forma efectiva" los derechos individuales y que "respeten y hagan respetar la ley con todas sus consecuencias" para acabar con ETA.

En su alocución pesó el reciente ataque etarra contra los juzgados de Tolosa para reflexionar sobre el compromiso del Estado en favor de la libertad personal y colectiva. Las palabras retumbaron como obuses en los oídos de Joseba Azkarraga, consejero vasco de Justicia, (EA), que este año sí acudió, tras faltar en 2007 en plena instrucción del caso Ibarretxe. Piñeiro usó citas de Luigi Ferrajoli, jurista italiano de orientación progresista y teórico del garantismo jurídico, para apuntar que en democracia "no tienen cabida los poderes públicos sin regulación, ni los actos de poder incontrolables".

Habló de la decisión en democracia, justo en un momento político donde el derecho a decidir es la clave de bóveda del discurso del lehendakari, Juan José Ibarretxe, que precisamente será juzgado por el Tribunal Superior vasco por dialogar con Batasuna durante la tregua. "La primera regla de todo pacto constitucional no es que se debe decidir (o no decidir) sobre todo, ni siquiera por mayoría. Incluso la democracia política más perfecta, representativa o directa, sería un régimen absoluto y totalitario si el poder del pueblo fuese en ella ilimitado. Sus reglas son si duda las mejores... pero no bastan para legitimar cualquier decisión".

Joseba Azkarraga no se mordió la lengua tras escuchar la alocución del presidente del TSJPV. Tachó sus palabras de "insultantemente políticas". Visiblemente molesto, dijo que "no son los jueces precisamente quienes tienen que poner límites a las decisiones de los pueblos", y recordó que los poderes públicos tiene que garantizar los derechos individuales y "también los colectivos". Azkarraga reprochó a Piñeiro no haber acudido a los juzgados de Tolosa.