Las polémicas del debate

El debate de ayer deja casi cinco horas de discusiones acaloradas, acusaciones entre partidos y escasas propuestas. Éstos fueron algunos de los asuntos más destacados.

- Crisis internacional. El vicepresidente Pedro Solbes reconoció que los bandazos de las finanzas mundiales aumentan "sensiblemente" los riesgos de que el Gobierno tenga que reducir, por segunda vez, sus previsiones de crecimiento. Si se tiene en cuenta que los Presupuestos para 2009 ya se hicieron con unas previsiones de ingresos cuando menos optimistas, parece casi seguro que el documento que hoy se vota en el Parlamento se verá pronto desbordado por la realidad. Sin embargo, Solbes prefiere esperar y mantener, por ahora, los pronósticos de crecimiento del 1,6% para este año, y del 1% para el siguiente. "Mientras no se despeje la incertidumbre, considero poco útil y ciertamente desaconsejable una revisión", dijo.

- Previsiones de crecimiento. "Señor Solbes, es que no ha dado usted ni una", espetó Mariano Rajoy al vicepresidente por sus errores de hace un año al hablar del futuro inmediato. Es cierto que la crisis ha obligado al Gobierno a modificar su discurso, pero también lo es que organismos internacionales como el FMI o la Comisión Europea han hecho lo mismo por el recrudecimiento de la situación económica.

- 'Crash' del ladrillo. Solbes afirmó ayer que ya se sabía que un hipotético estallido de la burbuja inmobiliaria causaría un daño especial a España. Lo paradójico es que el Gobierno -los Gobiernos, tanto los socialistas como los del PP- siempre sostuvieron que tal cosa no existía. "Los que hablan de burbuja pecan de irresponsabilidad", opinaba en 2004 la entonces ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. "Los precios suben porque todos los pisos que se construyen se venden", había dicho un año antes el vicepresidente popular Rodrigo Rato.

- Dinero para la sanidad. Rajoy acusó al Gobierno de recortar el gasto social por la vía de estrangular a las autonomías, responsables últimas de la sanidad.

Lo cierto es que hace tres años el Gobierno pretendió forzar a las comunidades a que destinaran una partida de 1.677 millones de euros a la sanidad. Pero éstas exigieron el derecho de hacer con este dinero lo que considerasen oportuno.