La policía da por probado que agentes de Granados espiaron a Prada en 2008

José Oreja Sánchez, José Luis Caro Vinagre y Antonio Coronado Martínez, los tres ex guardias civiles que fichó como asesores de seguridad el consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, y que mañana comparecen ante una juez por el espionaje político, "han sido los autores de los partes de seguimiento analizados y, por tanto, los autores de los seguimientos y vigilancias a que dichos partes hacen referencia". Es la conclusión del informe de la policía tras cotejar los partes difundidos por este diario del espionaje al ex consejero de Justicia Alfredo Prada y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, con las ubicaciones de los móviles de dichos agentes. Los posicionamientos de sus teléfonos coinciden en fecha, hora y lugar con la ubicación de Prada reflejada en los partes. Es la prueba de que estos tres agentes del Gobierno de Aguirre, a pesar de sus burlas sobre este escándalo y el cerrojazo a la comisión de investigación parlamentaria, siguieron pegados como una lapa a Prada en los días reflejados por los partes del espionaje, aunque los tres alegaron no recordar dónde estaban cuando la policía les interrogó en marzo pasado.

El informe policial da un impulso decisivo sobre el escándalo del espionaje desde el Gobierno de Madrid a rivales de Aguirre en la víspera del congreso del partido en Valencia -uno de ellos, Prada, era vicepresidente de su Gobierno-. Prueba que los partes de espionaje eran reales y reflejaban una actividad ilegal desarrollada minuciosa y tenazmente por agentes de la Consejería de Interior y de la máxima confianza de Granados.

Le siguieron a Chinchón

La investigación policial certifica que cuando Prada estaba en Chinchón, allí estaban los agentes-espía imputados: el parte indica que llega a las 12.20 y se va a las 18.15; y "los teléfonos usados por Oreja, Caro y Coronado se encuentran en la hora de influencia de Chinchón precisamente entre las horas 12.31 y 18.44". Si acudía a Brea de Tajo a las 11 horas, allí estaba su equipo de marcaje: "Los teléfonos usados por Oreja y Coronado se encuentran en la zona de influencia de Brea de Tajo precisamente entre las 11.53 y las 13.09". Si regresaba a su domicilio, en Núñez de Balboa, hasta allí le seguían los asesores de Granados, "22. 23 en Hermosilla". Y un largo etcétera. Si estaba en el hotel Hesperia o Palace, allí merodeaban sus sombras... Si cambiaba de lugar, los móviles de los asesores de Granados hacían igual recorrido. Las horas y los lugares de las llamadas telefónicas delatan y desnudan la actividad ilegal de estos tres agentes.

Pero la policía ha topado con un escollo: Telefónica sólo conserva un año los datos sobre los posicionamientos de las llamadas de los móviles. Y como se solicitaron datos sobre ocho agentes sospechosos de realizar los seguimientos el pasado 6 de mayo, sólo se han entregado las llamadas efectuadas por los sospechosos a partir del 6 de mayo de 2008. Los partes de seguimiento comienzan en marzo.

Sin embargo, la muestra de un solo mes ha bastado para demostrar que estos tres ex guardias civiles sí han espiado a Prada a partir de esa fecha, lo que no excluye que los restantes cinco agentes intervinieran en los partes y seguimientos previos a tal fecha, de los que no hay datos telefónicos. Los asesores de Granados, cuando mañana comparezcan ante la juez por un delito que compete a sus jefes, malversación de caudales públicos, deberán arrostrar el dilema de si colaboran en aclarar quién les dio las órdenes para tal marcaje a Prada u optan por una labor que puede ser entendida como obstrucción a la justicia.

De hecho, la policía destaca en su informe que ya omitieron un dato cuando fueron interrogados en marzo pasado. La policía les preguntó, por un error derivado de este diario, si habían vigilado a Prada el 13 de abril de 2008 en Chinchón. Los tres lo negaron, pero ocultaron que sí lo espiaron en la fecha descrita por el parte, el 13 de mayo de 2008, como ahora queda acreditado. Por supuesto, también negaron haber participado en vigilancias o seguimientos. Ahora tienen el serio reto de explicar por qué mintieron a la policía y negaron tal labor.

Tendrán que aclarar también quién les coordinaba, porque ellos han relatado que tal tarea la desempeñó el ex director de Seguridad Sergio Gamón hasta el fichaje como asesor de Granados de Marcos Peña, que informó a la policía de que su contratación data del 7 de mayo de 2008. Por tanto, aunque Peña suele alegar que él no estaba en la consejería cuando se produjeron los hechos, su relato prueba lo contrario. Gamón y Peña deberán dirimir quién coordinó a estos ex guardias civiles en mayo de 2008, mes en el que la policía ya da por probado que se produjo un espionaje por estos agentes de Granados.

Aguirre suele argumentar que, si se demuestra que un agente, a título particular, ha cometido una ilegalidad, será implacable. Pero resulta difícil sostener que este espionaje sea obra de agentes incontrolados: los tres ya imputados son asesores de la total confianza de Granados, que, de hecho, recomendó a Peña que los usara para sus informes.

Durante casi un mes, los tres han estado siguiendo en bloque noche y día a Prada y relatando cuanto hacía el vicepresidente de Aguirre. Los movimientos de Prada tenían un valor político: era un serio rival de Aguirre en vías, como ocurrió, de ser fichado por Mariano Rajoy para su dirección nacional del partido. Y el espionaje se produjo el mes previo al congreso nacional del PP, en el que planeó un órdago de Aguirre a Rajoy.

Siete partes cotejados

La policía ha cotejado en total 7 de los 35 partes de espionaje difundidos por este diario, pero ha bastado esta muestra para descerrajar la realidad oculta de que ha existido espionaje en el seno del Gobierno regional. Y si estos partes son ciertos, no es osado colegir que los previos, de similar factura y con grafías de agentes suyos, son igualmente reales, por lo que Manuel Cobo también fue espiado. Granados insinuó días atrás que no sería relevante que Prada hubiera sufrido alguna contravigilancia domiciliaria. Un argumento nuevo que ha coincidido con la entrega a la policía de los datos que dejaban al descubierto que sus agentes habían sido pillados en una labor de seguimiento continuado y clandestino a dirigentes del PP y miembros de su propio Gobierno. Seguiría siendo ilegal haber practicado tal contravigilancia, porque la protección de altos cargos es competencia del Ministerio del Interior. Granados siempre negó que sus agentes, especialmente sus asesores, hubieran seguido a Prada, y los partes no revelan riesgos de atentados, sino que desnudan la vida pública y privada de Prada y Cobo, y de cuantos ciudadanos se encontraron con ellos en los meses del espionaje que Aguirre negó y la policía ha probado.