La policía detiene en Marbella a tres abogados vinculados a la mafia rusa

Las detenciones de abogados por blanqueo de capitales volvieron ayer a Marbella y Málaga de la mano de la Operación Troika contra la mafia rusa. El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó arrestar a dos abogados y un asesor fiscal acusados de blanquear dinero de la red criminal Tambovskaya Malyhevskaya, cuyos máximos dirigentes ya fueron detenidos y encarcelados el pasado julio.

El Cuerpo Nacional de Policía registró el despacho Fortuny, pioneros en la Costa del Sol en trabajar con clientes de nacionalidad rusa. En ese despacho detuvieron a Antonio de Fortuny y Maynés, "presidente de Abogados Asociados de Fortuny, S. L., miembro de la nobleza catalana y nieto de los fundadores de la firma en 1897", según recoge su perfil en la página de Internet del despacho. El bufete asegura en su web que cumple con toda la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales.

La policía fue a la asesoría Bocanegra, en pleno centro marbellí, donde los agentes llevaron al asesor fiscal Francisco Eloy Ocaña Palma. Esta empresa aseguró que se trata de un ex colaborador externo que trabajó para ellos hace siete años. En un comunicado añadieron que el juez Garzón había "solicitado información de un cliente" de la gestoría, y que la policía "requisó varias carpetas".

El tercer detenido es el abogado Kiril Iline Yudachev, de origen ruso pero con nacionalidad española. El letrado llevaba la representación de muchos de sus compatriotas, a los que ayudaba a comprar bienes y terrenos en la Costa del Sol, según fuentes cercanas a la investigación. También colaboraba en la defensa de uno de los principales detenidos durante la primera fase de la Operación Troika.

La policía llegó hasta ellos gracias a la documentación intervenida en la primera fase de la operación. Se prevé que pasen a disposición judicial el viernes.

Los investigadores consideran que los arrestados "participaban plenamente" en la estructura empresarial y en las operaciones comerciales que el entramado disponía para blanquear dinero de actividades ilícitas cometidas sobre todo en Rusia. Los ingresos se empleaban en inmuebles de lujo en la costa mediterránea, coches de alta gama y en disfrutar de un elevado nivel de vida.

Los máximos dirigentes se consideran Vor v Zakone (ladrones de ley) y ocupan el rango más alto de la criminalidad organizada rusa. Se les atribuye "importantes contactos en las esferas de poder de varios países europeos".