La policía detuvo a saharauis en Jaén al pedir la residencia

Entre los aproximadamente 3.000 saharauis que viven en España era un secreto a voces. En algunas oficinas de extranjería, como la de Jaén, obtener el permiso de residencia demostrando el nacimiento de familiares en la ex colonia mientras fue administrada por España -hasta 1975, cuando la ocupó Marruecos- era mucho más fácil que en otras, donde se denegaba sistemáticamente. Hasta 2009. A lo largo de ese año, los policías de esa misma oficina comenzaron a detener en el acto a cada saharaui cuya solicitud resultaba inadmitida a trámite, según la fiscalía de Jaén, que considera que esa práctica, "si bien pudiera ser legal", no parece "la más adecuada".

Estas detenciones, según la memoria de la fiscalía, solo se producían con saharauis. Al ver rechazada su solicitud, los agentes los conducían a comisaría, donde les iniciaban un expediente de expulsión, aunque al constatar la imposibilidad de ejecutarlo les ponían en libertad.

El ministerio dice que la ley impone a los agentes expulsar a los irregulares

La fiscalía explica que los arrestos se debieron a la "desautorización por las autoridades nacionales de una cierta política de mano ancha que se lleva a cabo en esta provincia" respecto a las solicitudes de residencia por "arraigo social" de los saharauis. De un día para otro, Extranjería les empezó a exigir "la inscripción de nacimiento de sus padres en el Registro Civil central, en la que figure la anotación de la sentencia favorable a la nacionalidad española" de los mismos. Hasta ese momento bastaba acreditar con cualquier documento que los progenitores nacieron en el Sáhara mientras fue gobernado por España.

Este último es, además, el criterio que siguen los juzgados de lo contencioso-administrativo de la provincia. El problema es que para recurrir a ellos y obtener una sentencia favorable era preciso pasar primero por la oficina de extranjería y arriesgarse a ser detenido.

Fuentes de la fiscalía de Jaén aseguran que estas detenciones terminaron a principios de este año, tras varias reuniones con la subdelegación del Gobierno. Interior asegura que la policía aplica la ley por igual a todos los extranjeros en situación irregular, no sólo a los saharauis y que, en caso de inadmisión a trámite de una solicitud de residencia, la Ley de Extranjería impone abrir expediente de expulsión.