La policía peina el tribunal del 'caso Gürtel' sin encontrar micrófonos

La policía ha rastreado sin resultado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la caza de micrófonos ocultos. Los agentes buscaban algún dispositivo electrónico que justificara el conocimiento público de las deliberaciones secretas que tienen lugar en la Sala de lo Penal para dirimir el futuro del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada al PP en cuatro comunidades y media docena de ayuntamientos. Pero los policías, que concluyeron en la noche del pasado jueves su trabajo, no han hallado ni rastro de algo parecido a espionaje electrónico en las salas del Tribunal, según confirmaron a EL PAÍS fuentes conocedoras del resultado de la investigación.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, magistrado de tendencia conservadora, como los otros dos que deciden junto a él si anulan escuchas a los implicados del caso Gürtel, sospechaba que alguien pudiera estar espiándoles y llamó hace varios días al jefe superior de Policía de Madrid para que enviara a los agentes a rastrear las salas en busca de micrófonos ocultos. Pero sus sospechas -la última extravagancia dentro de la accidentada instrucción del caso, con decenas de abogados empeñados en anular todo un proceso judicial cargado de cientos de pruebas que acreditan cómo desde hace más de diez años creció en España la más extensa trama de corrupción política conocida en democracia- se han disuelto como humo en el aire.

Vieira y sus dos compañeros de sala seguirán deliberando la próxima semana, aunque tras las tres reuniones previas las posiciones permanecen inamovibles y todo conduce a una votación final de dos votos, el del propio presidente del Tribunal y el del magistrado Fernández Castaño, favorables a la anulación de las grabaciones obtenidas en la cárcel; y uno en contra, el del ponente del caso, José Manuel Suárez Robledano.

Como en el caso de Valencia, donde dos magistrados (también conservadores, y entre ellos el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis de la Rúa) archivaron la causa contra el presidente autonómico Francisco Camps, mientras el instructor, que no intervenía en la resolución de los recursos, y otro magistrado conservador, que sí participaba de las deliberaciones, consideraron que el jefe del Ejecutivo valenciano debía sentarse en el banquillo.