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El programa socialista excluye de las listas a condenados e imputados por corrupción

Anabel Díez

En las listas municipales del PSOE para las elecciones del próximo 22 de mayo "no habrá personas imputadas por corrupción y enriquecimiento" ni condenadas por cualquier motivo. Por tanto, podría haber imputados por causas distintas, siempre y cuando nada tengan que ver con asuntos económicos personales. Ahora bien, una vez que exista sentencia condenatoria ya no podrán estar en las candidaturas. Este es el caso de Trinidad Rollán, secretaria de Organización del PSM, condenada por un delito de prevaricación y excluida de las listas aunque el delito apreciado por los jueces no tiene relación con enriquecimiento personal.

Esta instrucción figura en las propuestas que durante el fin de semana los socialistas debatirán en Sevilla en su convención municipal, como una de las 26 líneas de actuación que figuran en el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que será debatido en distintas mesas redondas.

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En el apartado denominado "Transparencia", los socialistas se comprometen "a actuar con firmeza e inmediatez en los casos de corrupción, adoptando medidas en cada una de las fases del procedimiento y diferenciando las responsabilidades políticas de las penales". También se comprometen a "reducir altos cargos y personal de confianza" en los ayuntamientos.

Un grupo de candidatos municipales de distintas federaciones socialistas ha participado en la elaboración de las propuestas, coordinado por el secretario de Política Municipal, Antonio Hernando. Este texto servirá de pauta para todos los programas, aunque cada candidato se ajustará a sus necesidades.

Pero hay asuntos que les competen a todos. Así, aunque los sueldos de los alcaldes y concejales no pueden fijarse por ley, los socialistas se comprometen a "homologar las retribuciones de los responsables locales en atención a criterios de población y presupuesto". Esta propuesta obedece al hecho de que algunos alcaldes de municipios muy pequeños tienen remuneraciones superiores a regidores de localidades de gran tamaño.

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En pleno debate sobre la contaminación en Barcelona y Madrid, los socialistas debatirán en torno a un texto bastante genérico y sin compromisos concretos. "Nos comprometemos a optimizar los sistemas de vigilancia de contaminación atmosférica, a desarrollar nuevas superficies verdes urbanas y favorecer un medio de transporte no motorizado". Y termina: "Adoptaremos medidas fiscales y de otra índole para incentivar el uso del transporte público y colectivo y para disuadir del uso del vehículo privado". Las fuentes consultadas no precisan esas medidas incentivadoras, pero sí aclaran que no se trata de establecer "peajes o penalizaciones". Desde los ayuntamientos se promoverá el vehículo eléctrico.

Algunas de las propuestas son un calco de las medidas del Código de Buen Gobierno Local aprobadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, aunque la mayoría son de cuño propio. En políticas de igualdad, los ayuntamientos socialistas "no cederán suelo público para la construcción de centros educativos que segreguen por razón de sexo al alumnado". Los socialistas quieren impulsar el voluntariado juvenil en el área medioambiental, el social y la lucha contra la exclusión. "Se pondrán en marcha, también, con el tejido asociativo, campañas de lucha contra la violencia de género desde el noviazgo, porque el machismo debemos cortarlo desde su raíz".

Se reforzarán los servicios "de atención integral a las mujeres, hijos e hijas" de los maltratadores, con reserva en la oferta de vivienda de protección oficial municipal de un número de viviendas para ser convertidos en "pisos puente".

Propuestas para todos los municipios

- Implantación de la Tarjeta Ciudadana para pagar impuestos, usar servicios sociales, el pago del autobús, piscinas y bibliotecas.

- Incentivar la conversión de las viviendas vacías en casas de protección oficial con el acuerdo de promotores que lo deseen.

- Extender las redes peatonales y ciclistas para convertir la bicicleta en un vehículo habitual de desplazamiento.

- Sustitución de sanciones económicas por actividades socioeducativas y trabajos en beneficio de la comunidad para impulsar la educación social de menores y jóvenes infractores

- No se excluirá a los inmigrantes sin papeles del padrón pero se denunciará el empadronamiento fraudulento del que se lucren los titulares de las viviendas. Habrá inmigrantes residentes en las listas electorales del 22 de mayo.

- Se informará del coste real de los servicios públicos y del mantenimiento de los servicios municipales para concienciar a los ciudadanos de que los cuiden.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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