La propuesta de financiación de Cataluña cosecha nuevos rechazos

Extremadura, La Rioja, Asturias y Cantabria ampliaron ayer a nueve el número de comunidades (seis socialistas, dos populares y una independiente) que han mostrado su oposición expresa a la iniciativa catalana de limitar la aplicación del fondo de suficiencia -que garantiza recursos para prestar el mismo nivel de servicios- a educación, sanidad y asuntos sociales.

La Junta andaluza asegura que su iniciativa "beneficia a toda España"

"Creemos que es una propuesta rotundamente mala", afirmó ayer el consejero de Hacienda de Extremadura, Ángel Franco. El consejero socialista insistió en que las comunidades con poblaciones dispersas y menor renta hay más demanda de servicios públicos y cuesta más ofrecerlos. "Fijarse en las diferencias que hay en los recursos por habitante que recibe cada comunidad tiene trampa", añadió.

La Rioja (que recibe 2.360 euros por habitante con el actual sistema) se sumó al rechazo a la iniciativa catalana. Para su consejero de Hacienda, Juan José Muñoz, la nivelación de la prestación de servicios debe incluir todas las competencias "y no sólo entre el 65% y el 75%". Argumentos similares manejan Asturias y Cantabria.

Cataluña (PSC-ERC-ICV), Valencia (PP) y Baleares (PSOE-BLOC-UM), que han aireado su posición coincidente ante la revisión del sistema de financiación -Madrid tiene un planteamiento similar-, insisten en que la población debe ser el factor esencial en el reparto de dinero, y también en que las diferencias en recursos por habitante (Baleares, 1.665 euros per cápita; Extremadura supera los 2.500) deben ser mucho menores. Un objetivo más factible si se limita la aplicación del fondo de suficiencia a sanidad, educación y asuntos sociales (entre el 65% y el 75% de los gastos, según Castells).

El vicepresidente económico de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, reafirmó ayer que habrá una "apuesta común" con Cataluña, aunque fuentes del Ejecutivo catalán matizaron que esa coincidencia no se plasmará en una propuesta conjunta porque mantiene su intención de hacer una negociación bilateral con el Gobierno.

El anuncio del Ejecutivo central de que las negociaciones para revistar el sistema actual empezarán en mayo han intensificado los contactos entre las comunidades. El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño (PSOE), aseguró ayer que el Gobierno gallego buscará una posición común con Castilla y León, Asturias y Extremadura. Un bloque del noroeste al que también se quiere sumar el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

También hubo llamamientos a evitar el posicionamiento en frentes antes de que arranque la negociación. fuentes del Ejecutivo andaluz recordaron que la Junta fue la primera en presentar su propia propuesta, en 2006, y mantuvieron que su planteamiento "beneficia a toda España" (ver gráfico). Murcia, como Andalucía, considera que la población debe ser el criterio fundamental, aunque sin marginar otras variables. Y, como Valencia o Cataluña, hace hincapié en el peso de la inmigración.

Por su parte, Canarias tiene un abanico de exigencias muy singular. El Gobierno que dirige el nacionalista Paulino Rivero (en coalición con el PP) quiere que, además de actualizar el dato de población que se usa en el sistema, se valore el sobrecoste de atender a los turistas. Y que se de un tratamiento específico a su condición de territorio ultraperiférico, informa Juan Manuel Pardellas.