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La puesta en marcha de radares automáticos en Francia, más eficaz que el permiso por puntos

OCTAVI MARTÍ - París - 27/08/2006

 
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El permiso a puntos entró en vigor en Francia en diciembre de 1992. Había sido aprobado por ley en 1989, pero el decreto de aplicación necesitó tres años de discusiones y fue acogido con una gran huelga de camioneros. Según el Gobierno, tenía que servir para reducir la mortalidad ligada a los accidentes de carretera y ser, después de la obligatoriedad del cinturón de seguridad y la generalización de los controles de alcoholemia, un hito en la lucha contra las infracciones del código de circulación.

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La eficacia del permiso por puntos francés no ha llegado a demostrarse. En 1999 murieron en las carreteras francesas 8.300 personas, 137 menos que en 1998, pero 311 más que en 1997 y 22 más que en 1996. En 1992, aún sin permiso por puntos, murieron 9.083 viajeros, y en 1993, con el famoso permiso ya en vigor, la mortalidad se situó en 9.052 víctimas. Es decir, por ejemplo, que los días de lluvia debieron tener mayor incidencia en la siniestralidad que la resta de puntos y la retirada de carnés de conducir.

La gran reducción, en lo que accidentes en carretera se refiere, se da en 2003, y se consigue con la puesta en marcha de los radares automáticos. Entre 2002 y 2003 hubo 1.511 muertos menos y en 2005, por primera vez en 50 años, el número de muertos permaneció por debajo de los 5.000, aunque por muy poco: 4.990. Entre 2003 y 2005, la velocidad media de circulación en Francia se ha reducido en un 5%, y todo eso lo han logrado los radares, que no el permiso por puntos.

Si los efectos positivos del permiso por puntos no son demostrables, sí lo son sus efectos perversos, sobre todo combinados con el factor de vigilancia que suponen los radares. Si en 2003 el número de personas controladas conduciendo sin permiso -porque no lo tenían o porque les había sido retirado- era inferior a 10.000, en 2005 se ha controlado a 33.000 conductores sin él. En la actualidad, el permiso cuenta con 12 puntos. La sanción máxima puede suponer la retirada de golpe de seis puntos, aunque pueden llegar a ser ocho si una de las faltas es un delito, como por ejemplo, superar en 50 kilómetros por hora un límite de velocidad.

El capital de puntos se recupera si durante tres años el conductor no es sancionado. También puede restablecerse el saldo inicial al acudir a un curso en una academia: 16 horas de clase facturadas entre 200 y 250 euros. Para evitar el aumento de automovilistas indocumentados, está en estudio la supresión del plazo de seis meses que deben esperar los conductores para poder presentarse de nuevo a un examen de conducir que les permita recuperar el permiso.


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