La rebaja de impuestos del PP cuesta más del doble que la socialista

El PP la define como la mayor rebaja de impuestos de la democracia. Y puede llegar a serlo, al menos por su coste. El PP rechaza ofrecer públicamente cualquier cálculo, más allá de garantizar que la rebaja media será del 16,5% para todos los ciudadanos. Sin embargo, su recorte, que consiste en eximir del pago de IRPF a todo el que cobre menos de 16.000 euros brutos anuales y reducir los tipos a los que estén por encima, tendría un coste mínimo de 11.000 millones de euros y en determinadas circunstancias podría acercarse a 15.000, según cálculos de EL PAÍS contrastados con fuentes del PP. Son cantidades equivalentes, por ejemplo, a lo que gastan en un año los ministerios del Interior y de Industria juntos.

Eso supondría más del doble o, en caso extremo, incluso acercarse al triple del coste de la rebaja anunciada por el PSOE, que consiste en devolver 400 euros a los 13,5 millones de personas que pagan IRPF. El Gobierno, al contrario que el PP, sí ha hecho público el coste de su medida: 5.000 millones de euros.

Un miembro del equipo que ha elaborado la reforma del PP, dirigido por Juan Costa y compuesto por la mayoría de los expertos que hicieron la gran modificación del IRPF en 1998, asume que el coste sería sin duda superior a 10.000 millones. El PP insiste públicamente en que su reforma "no tiene ningún coste" porque la reactivación económica supondría un aumento de ingresos, como sucedió en 1998. Sin embargo, en privado todos los expertos económicos del PP asumen que, al menos al principio, sí hay una reducción de ingresos públicos por esta vía, aunque se pueden recuperar a través de impuestos indirectos (IVA, combustibles, tabaco).

Esos 11.000 millones que perderían las arcas públicas, cantidad resultante de calcular el 16,5% de la recaudación del IRPF en 2007, podrían ser más si ese porcentaje de rebaja media del que habla el PP incluye sólo a los que ganan más de 16.000 euros, no a los que dejaría exentos. Quitarle el impuesto a los que ganan menos cuesta 5.000 millones, según el Ministerio de Economía que dirige Pedro Solbes, una cifra que el PP, también en privado, asume, aunque lo hace quejándose de que el PSOE utilice al ministerio, sus funcionarios y sus datos para analizar y combatir las propuestas de su rival. Por tanto, si a ese recorte del 16% se le sumasen los 5.000 millones, la cifra podría casi triplicar el coste de la oferta de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ejemplo desafortunado

El PP insiste en descalificar la medida de los 400 euros del PSOE y defender su propia bajada de impuestos. Su líder, Mariano Rajoy, lo hizo ayer con un desafortunado ejemplo de un trabajador que gana 100 millones de euros y que percibiría 400 euros si prospera el modelo del PSOE "mientras uno que gana 9.000 no se lleva nada" porque ya está exento. Rajoy olvidó explicar que, con su propuesta fiscal de rebajar el tipo máximo del IRPF del 43% actual al 40%, ese mismo contribuyente (aunque es poco probable que cotizara por IRPF con esos ingresos) pagaría tres millones de euros menos a Hacienda: 39,9 millones frente a los 42,9 actuales.

El PP también se niega a dar los datos antes de las elecciones para que los ciudadanos puedan saber si les beneficia más su propuesta fiscal o la del PSOE. Los populares no ofrecerán los tramos, esto es, a partir de qué renta uno pasa a cotizar del 20% al 30% o del 30% al 40%, los nuevos tipos que promete el PP. Fuentes del partido aseguran que ninguna propuesta de reforma lleva los tramos, porque es complejísimo decidirlos y sólo se puede hacer desde el Gobierno, con todos los datos encima de la mesa.

El PP, cuyo fichaje económico para las elecciones es Manuel Pizarro, sostiene que, con su plan de eximir a las rentas inferiores a 16.000 euros, siete millones de personas que abonan el impuesto dejarán de hacerlo. Ya hay siete millones de ciudadanos que no pagan porque sus ingresos no llegan al mínimo exento (9.231 euros en caso de no tener hijos y entre 1.836 y 4.182 euros más por cada descendiente). Con el PP, serían 14 millones de personas, el 69% de los ocupados en España. El porcentaje resulta difícilmente sostenible en un impuesto que grava, principalmente, las rentas del trabajo.