Los recortes autonómicos y las subidas fiscales afectan ya a los más pobres
El tijeretazo de comunidades y Ayuntamientos al capítulo de gastos por la crisis -más de 5.000 millones de euros de recorte hasta final de año- ha empezado a afectar a los ciudadanos con menos recursos económicos en España. Desde las viudas con pensiones mínimas que han perdido el plus de 400 euros que les pagaba la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, hasta los padres de menores de tres años que llevan a sus hijos a guarderías públicas de Cataluña. Además, los vecinos de 40 localidades valencianas sufrirán una subida del 215% en el recibo que pagan por la tasa de basuras, y los usuarios del transporte público en Madrid pagarán un 50% más por el billete sencillo.
El goteo de medidas impopulares que están tomando las administraciones públicas en pleno mes de agosto para hacer frente a la caída de ingresos reduciendo gastos toca ya de lleno a los ciudadanos más desfavorecidos.
Algunos Gobiernos autónomos, como el valenciano, han empezado a promover incluso el debate sobre el cobro de determinados servicios públicos hasta ahora gratuitos, como el jurídico o el sanitario, ambos sostenidos con el dinero que los contribuyentes pagan por impuestos y tasas. Otros Ayuntamientos, como el de Madrid, reclaman que en estos momentos de crisis, en los que bajan los ingresos, nadie reduzca impuestos.
En la capital sí subirá el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el más importante de todos los municipales, como consecuencia de la revisión del valor catastral. El Ayuntamiento no piensa modificar el tipo a la baja para compensar esa subida.
Todas estas medidas persiguen reducir el déficit, una de las obsesiones del Gobierno central, que ya ha anunciado su intención de imponer un tope de gasto a las comunidades.
