El rector vasco continúa expulsado del Ayuntamiento

Las actas del Ayuntamiento de Salamanca mantendrán el acuerdo tomado por unanimidad de los asistentes, en sesión secreta y urgente, el día 13 de octubre de 1936, según el cual Miguel de Unamuno fue la representación de la intelectualidad que resultó "la envenenadora, la celestina de las inteligencias y las voluntades vírgenes de varias generaciones de escolares en academias, ateneos y universidades".

Con motivo de cumplirse los 70 años de la muerte del pensador vasco que enraizó su vida y su obra en Salamanca, el grupo socialista en el Ayuntamiento presentó el pasado día 28 de diciembre una moción en la que se pedía "dejar sin efecto la moción (...) por la que se destituyó a D. Miguel de Unamuno y Jugo como concejal de este Ayuntamiento". Pero el portavoz del equipo de gobierno, el popular Fernando Rodríguez, se opuso a esa aspiración porque, según aseguró, la propuesta del grupo socialista contenía "unas intenciones que sólo pueden contar con nuestro más absoluto rechazo".

El portavoz del grupo popular precisó que las intenciones que latían en la propuesta contenían "la premisa básica de aislamiento del PP", dentro de "la estrategia nacional del PSOE", que, según añadió, cuenta con "cuatro líneas de actuación muy claras: el Estatuto de Cataluña, la agresión a las creencias mayoritarias de los españoles, la rendición del Estado y de la democracia ante ETA-Batasuna y la llamada recuperación de la memoria histórica".

Dignidad de los concejales

Rodríguez afirmó que la moción presentada por el grupo de oposición encajaba de lleno con esta última línea. La moción reivindicaba, igualmente, la dignidad de todos los concejales republicanos elegidos desposeídos de sus puestos por los militares sublevados contra la República y cuatro de ellos, incluido el alcalde, fusilados al comienzo de la Guerra Civil.

Por vía de urgencia y sin haber consensuado previamente antes el texto, el grupo popular propuso una "declaración institucional" en la que se establecía "que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas", así como la conveniencia de "mantener el espíritu de concordia y de reconciliación" de la Constitución de 1978. Al tiempo que respaldó la iniciativa, el portavoz socialista reprochó al grupo mayoritario la falta de concordia que suponía presentar una "declaración institucional" sin comunicación previa y el afán de "pillar" en situación comprometida al grupo de oposición.