Un recurso de 400 folios contra la "Constitución paralela"

El PP impugnó en julio de 2006, al entrar en vigor el Estatuto de Cataluña, 114 de sus 223 artículos y 12 de sus 22 disposiciones. Los populares entienden que esa ley es una auténtica "Constitución paralela" que invade competencias de la Administración central y que obligará a modificar más de 30 leyes del Estado. En los 408 folios de su recurso, los populares desgranaban los argumentos jurídicos contra la constitucionalidad de la norma.

- La "nación" catalana. Tras intensas negociaciones entre los redactores del Estatuto y el Gobierno, se aceptó una fórmula para incluir la palabra "nación" a través del Preámbulo. El PP sostiene que la nación es el "conjunto del pueblo o del Estado" y que "no hay más nación que la española, sin que puedan equipararse las nacionalidades y regiones". En este momento, la mayoría del Constitucional es contraria a este punto del Preámbulo.

- La lengua catalana. El PP carga en su recurso contra el artículo que impone "el deber de conocer la lengua catalana". Los populares han convertido en caballo de batalla el hecho de que en Cataluña no exista el derecho de escolarizar a los hijos en castellano, y censuran la obligación de utilizar el catalán en la Administración de Justicia, fiscalías y registros o las exigencias impuestas a los comercios. También en este aspecto, la mayoría del alto tribunal se inclina por declararlo inconstitucional.

- Poder Judicial. El PP ve en este capítulo el más claro ejemplo de que el Estatuto es una "Constitución paralela", porque establece un Poder Judicial en Cataluña y eso rompe la unidad del Poder Judicial que consagra la Constitución, lo que vulnera el principio de igualdad de los españoles. El PP rechaza también la creación de un Consejo de Justicia equiparable al Consejo General del Poder Judicial.

- Competencias. El listado de competencias exclusivas que fija el Estatuto excede de las competencias de una autonomía y sólo se puede hacer a través de la Constitución, según el PP.

- Bilateralidad. Los populares sostienen que el Estatuto fija una relación "bilateral" entre la Generalitat y el Estado que margina al resto de comunidades.

- Financiación. El sistema de financiación que establece el Estatuto obliga al Estado a reservar un 17% de las inversiones para Cataluña (el porcentaje que ésta aporta al PIB nacional). El PP considera que ese sistema de financiación propio rompe el principio de solidaridad.