Las reformas estatutarias que proyecta cada autonomía

CATALUÑA - La reforma ya se debate

El Parlamento catalán está inmerso en el debate del nuevo Estatuto de Autonomía que surgirá del consenso de la Cámara. En principio, nada está dibujado de esta reforma estatutaria que incluiría las líneas maestras de la nueva financiación, la presencia de Cataluña en la Unión Europea y un bloque competencial y simbólico aún por dibujar. Todas las fuerzas políticas catalanas participan en la ponencia de reforma del Estatuto, desde el PP hasta las formaciones que integran el tripartito (PSC, ERC, ICV-EUiA), pasando por CiU.

En cuanto a las competencias que se solicitan, son un total de 88 las que el Gobierno catalán ha planteado al Ejecutivo central. El objetivo es tener una base sobre la que empezar a discutir cuando el próximo mes de junio se constituya la Comisión Mixta de transferencias Estado-Generalitat. "Esta relación de competencias se realizó en la época de Pujol y entonces no se pretendía acometer ninguna reforma del Estatut", explica Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat. El consejero catalán asegura que el objetivo que persigue el Gabinete es lograr los traspasos o competencias que esperan el cumplimiento de las sentencias ya firmes del Tribunal Constitucional. Estos fallos del TC, que hacen referencia a varias competencias de control de la economía son, entre otras: la supervisión y el régimen disciplinario de los bancos y establecimientos financieros de Cataluña; servicios referentes al mercado de valores; defensa de la competencia; inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas a la Seguridad Social; y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.Pero la relación de competencias del Ejecutivo catalán es mucho más ambiciosa. Así, el Gobierno tripartito aspira, más a largo plazo, a la gestión de aeropuertos y carreteras estatales y al traspaso de la convocatoria de referendos.

PAÍS VASCO - El escollo del 'plan Ibarretxe'

En Euskadi, el plan Ibarretxe se ha convertido en un escollo insalvable para el consenso con la oposición y ni siquiera satisface al tercer socio en el ejecutivo, IU, que pese a haberlo aprobado en Consejo de Gobierno duda si apoyarlo en el Parlamento autónomo. Por ahora, el proyecto sólo se asegura los 33 votos (de 75) del PNV y EA.

Si algo ha querido dejar claro el lehendakari es que en su plan no plantea una mera elevación del techo competencial sino la misma concepción del autogobierno vasco y de la relación de Euskadi con el Estado. De hecho, su proyecto no habla ya de "autonomía" sino de "libre asociación". Así, la denominación de Estatuto de Autonomía desaparecería de la ley orgánica, y sería sustituida por la de "Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi", nueva y única denominación oficial que propone para el País Vasco. Cuando el PSOE ha tanteado el terreno para ofrecer un desarrollo pleno del Estatuto, la respuesta, sin rechazar lo que pueda llegar, ha sido que ya ha pasado el momento de conformarse con eso.

Aunque la propuesta está planteada como una reforma del Estatuto de Gernika, lo cierto es que no cita el texto supuestamente sometido a modificación salvo en su afirmación, que se mantiene, de que tampoco el nuevo estatus que se alcance supondrá la renuncia a los derechos históricos, con lo que mantiene la puerta abierta a la independencia.

El proyecto de Ibarretxe está paralizado en la ponencia parlamentaria que discute las enmiendas parciales. Éstas no se debaten todavía porque los grupos del Gobierno están retrasando el desenlace, en espera de una improbable reconsideración por parte de los socialistas o de una tregua de ETA que permitiera a Ibarretxe aceptar, sin romper la palabra dada en la campaña electoral de 2001, la mayoría absoluta que sólo le podría dar el grupo de la ilegalizada Batasuna.

ANDALUCÍA - Un espacio fiscal propio

La intención de reformar el Estatuto de Andalucía ya fue lanzada por su presidente, Manuel Chaves, en el Parlamento autónomo en junio de 2001. En las pasadas elecciones autonómicas del 14 de marzo, todos los partidos, salvo el PP, la incluyeron en sus programas. El documento del que parte Chaves para su discusión parlamentaria tras el verano plantea la participación de la comunidad en las decisiones estatales, la ordenación territorial de la comunidad, la redacción de un nuevo paquete de derechos sociales y la creación de un espacio fiscal propio gestionado por una agencia tributaria andaluza.

ARAGÓN - Reformas con mesura

Las Cortes de Aragón ya aprobaron en 2003 por unanimidad un texto para acometer la reforma de su Estatuto. La comisión que la estudia comenazará a trabajar en breve. Con todas las competencias importantes negociadas, salvo las de Justicia, la comunidad abre un nuevo camino que, según su presidente, Marcelino Iglesias (PSOE), "hay que recorrer con mesura". Iglesias ha explicado también su concepto de igualdad entre comunidades: "No es café para todos, se trata de garantizar que en el proceso nadie gana a costa de los demás". La Chunta Aragonesista, pretende con la reforma "lograr la capacidad de convocar elecciones autonómicas fuera del calendario general, como ya hacen Andalucía, Cataluña, Galicia y Euskadi", según el presidente de Cha, Bizén Fuster. En el PP querrían llegar a la reforma pero siempre que se agote, matizan, el texto vigente.

NAVARRA - Control sobre el Tráfico

Todos los partidos políticos navarros reclaman la asunción exclusiva de las competencias en materia de tráfico, actualmente divididas entre la Guardia Civil y el cuerpo de Policía Foral. El presidente de Navarra, Miguel Sanz (Unión del Pueblo Navarro), quiere además derogar la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución que regula el proceso que deberían seguir los navarros en caso de decidir su anexión al País Vasco. El PSOE no se opone a la derogación.

CANARIAS - Oportunidad histórica

La posible reforma de su Estatuto "es una oportunidad histórica para otorgar a Canarias el rol que le corresponde, como una importante región ultraperiférica", según el vicesecretario de los socialistas canarios, Francisco Hernández. Frente a él, Jorge Rodríguez, portavoz de los populares en Canarias, se muestra más cauteloso y aboga por "alcanzar las mayores cotas de autogobierno y garantizar un adecuado sistema de financiación", dentro de la Constitución. Coalición Canaria pide, además de las 40 competencias ya cedidas por el Estado pero aún no recibidas, entre ellas la delimitación de las fronteras marítimas internas, la gestión de puertos y aeropuertos, la presencia en la UE y liderar las relaciones con los países africanos vecinos de las islas.

BALEARES - Desinterés del PP

El PP no considera urgente emprender la reforma del Estatuto. "No es éste el principal tema en las tertulias de los bares", dice su portavoz parlamentario, Juan Huguet, quien matiza: "Pero si se abre el melón queremos estar sentados en la mesa". Cree necesario un pacto estatal previo y que la eventual negociación incluya la reconsideración de la financiación. Los socialistas baleares reclamarán las competencias sobre policía autonómica y la inspección de trabajo, entre otras.

REGIÓN DE MURCIA - Posibilidad de consenso

El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel (PP), pidió recientemente que las reformas sirvan para que haya "café de Colombia para todos y no café de Colombia para unos pocos y Malta para el resto". Valcárcel ha dicho también estar dispuesto a "llegar a un consenso" con el PSOE respecto a una posible modificación estatutaria, "cuyos límites son los principios de solidaridad entre autonomías y la salvaguarda de la cohesión territorial". Los socialistas murcianos reivindican cambios concretos en el Estatuto, como disponer una policía autonómica.

COMUNIDAD VALENCIANA - "Quiero lo máximo"

Las Cortes Valencianas han acordado recientemente la constitución de una comisión parlamentaria para estudiar la reforma del Estatuto. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha manifestado que está dispuesto a negociar la reforma: "Dentro de la Constitución, quiero lo máximo", sentenció tras entrevistarse con Zapatero. El Estatuto de la Comunidad Valenciana es el único de la vía del artículo 143 de la Constitución que sigue pendiente de revisar desde su aprobación hace 20 años. La oposición quiere una policía autonómica y la incorporación de varios derechos ciudadanos al Estatuto.

CASTILLA-LA MANCHA - Mejorar la financiación

El Gobierno de Castilla-La Mancha no se plantea en este momento incrementar las competencias que tiene ya asumidas. La única que le queda por recibir, con el actual techo competencial, es sobre la Administración de Justicia. El Gobierno no quiere entrar en "la carrera de las competencias", sino conseguir una buena financiación autonómica para servicios ya trasferidos, como la sanidad y la educación. El PP se asegura que la necesidad de una reforma del Estatuto "es un asunto que se tendrá que estudiar en el futuro".

CASTILLA Y LEÓN - Igualdad entre todos

En Castilla y León, los socialistas se muestran partidarios de asumir nuevas competencias, pero el PP, en el Gobierno, es menos entusiasta. El PSOE pide que la región asuma las competencias en Justicia y sobre la gestión del agua. Los socialistas quieren también una Policía que defienda "el medio natural y el patrimonio histórico", una Agencia Tributaria propia y la presencia de la comunidad en las cumbres hispanolusas. El PP sostiene que está abiertos "a dialogar la posible reforma del Estatuto dentro del marco constitucional, de la solidaridad interterritorial" y haciendo "que no existan diferencias entre unas comunidades y otras".

ASTURIAS - Acuerdos con amplio apoyo

Asturias reformará su Estatuto de autonomía, pero "con un método que permita mantener el consenso político y hacerlo dentro de la Constitución respetando la cohesión territorial", según el presidente del Principado, el socialista Vicente Álvarez Areces, que no precisa sus aspiraciones concretas "para no dañar el consenso". El objetivo inmediato es obtener las competencias sobre el Instituto Social de la Marina y la Administración de Justicia, entre otras. El presidente regional del PP, el senador Ovidio Sánchez, solicita para Asturias una reforma "ambiciosa", que permita lograr el mismo techo competencial que alcancen otras comunidades. El PP sostiene que "si hay una alguna nacionalidad histórica en este país, ésa es Asturias".

EXTREMADURA - Cohesión y solidaridad

"Hay que corregir las desigualdades territoriales". Sin descartar una reforma de los estatutos, el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, considera fundamental asegurar "la cohesión, la solidaridad y la lealtad" del modelo autonómico. Partiendo de estos principios, los socialistas esperarán a concretar sus propuestas de reforma hasta la reunión del Comité Ejecutivo regional que analizará hoy el asunto, en Mérida. El presidente del PP, Carlos Floriano, se muestra abierto a conseguir en un futuro el nivel de autogobierno del que gozan otras comunidades, aunque estima que el actual es "razonable".

GALICIA - Sintonía con Zapatero

Además de reclamar la gestión de los puertos y aeropuertos gallegos, el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, se felicita por disponer de un interlocutor receptivo a sus iniciativas (como la reforma del Senado, que ya propuso sin éxito ante el Gobierno Aznar) tras la victoria de Zapatero en las elecciones del 14-M. Fraga ya se ha declarado dispuesto a una reforma del Estatuto, aunque limitada, según ha insinuado, algo que había rechazado hasta ahora. Desde el BNG, segunda fuerza del Parlamento, se ha empezado a hablar de un "nuevo contrato de Galicia con el Estado" y un Estatuto que reconozca a los gallegos el "derecho de decisión sobre su destino".

MADRID - Nuevo sistema electoral

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), ha repetido en numerosas ocasiones que la aspiración de su Gobierno en el proceso de reforma que se está abriendo no es el de conseguir aumentar su techo competencial. El PP madrileño desea reformar el Estatuto sólo en un punto, la división del mapa electoral madrileño en diez circunscripciones "con la intención de que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes de un modo más directo". Respecto a las reformas del marco territorial actual y, en general, Aguirre quiere que se hagan dentro del respeto "escrupuloso" a la Constitución, y "con el ánimo de regenerar la democracia".

CANTABRIA - Primero, las transferencias pendientes

La reforma del Estatuto "no es un asunto de actualidad" en Cantabria, según el consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla. Las negociaciones con el Gobierno central que comenzarán en septiembre se referirán a la asunción de competencias pendientes: Administración de Justicia, Fondo Especial de Garantía Agraria, Instituto Social de la Marina e Instituto de la Mujer.

LA RIOJA - "No renunciamos a nada"

El consejero de Presidencia del Gobierno riojano, Emilio del Río, afirma que el Ejecutivo regional "no renuncia a nada" cuando se abra "la tarta de las reformas estatutarias". En lo inmediato, La Rioja aspira a conseguir la transferencia de la Administración de Justicia, y a renegociar el modelo de financiación. El sistema propuesto por el tripartito catalán no satisface a Del Río porque "haría perder a la comunidad el 20% de su financiación actual".