La relación Gobierno-Vaticano enfrenta a PSOE y PP en su visión de la sociedad

El Congreso se topó ayer de bruces con la Iglesia. Pero sobre todo con dos formas de ver la sociedad y la relación entre el poder político y el religioso: la del PSOE y la del PP. Parecía que la decisión de que María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta primera, explique en el Congreso la crisis con el Vaticano -lo hará el jueves- amainaría las aguas, pero no fue así.

El Congreso revivió uno de los debates más antiguos: el de la relación entre el poder temporal y espiritual. La diputada del PP María Salom, recién recuperada de un parto, utilizó en la Diputación Permanente un tono sin contemplaciones, en el que recuperó el proceso de paz, las detenciones de militantes del PP y hasta la querella contra el presidente de la AVT, para atacar al Ejecutivo. "La realidad es que tenemos un presidente del Gobierno que insulta a las familias y que en cambio llama 'hombre de paz' a Otegi", manifestó.

Para Salom, sentada junto a Jorge Fernández Díaz, hombre cercano al cardenal Rouco Varela, el PSOE pretende "imponer el laicismo obligatorio". Salom dio la razón al cardenal García-Gasco, que señalaba que la democracia española está en peligro. "La democracia española se ha resentido", dijo la diputada popular. "La unidad de España se ha resentido. La unidad frente a los terroristas se ha resentido. La libertad religiosa se ha resentido. A ustedes les sobran las víctimas del terrorismo; les sobran quienes en su partido discrepan, y les sobran los católicos", sentenció.

La respuesta llegó de la mano del socialista José Andrés Torres Mora, hombre de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, quien trató de diferenciar entre jerarquía e Iglesia. "Los cardenales de Colón son una cosa y la comunidad católica otra", aseguró. Y ahí llegó la andanada para defender leyes como la del matrimonio homosexual: "Somos un partido progresista y si algo ha caracterizado el proceso de civilización es la separación de la religión y de la política. Por desgracia, en nuestro país tardó mucho en producirse esa separación y a lo que se ve, algunos no se resignan todavía", dijo entre un gran alboroto del PP.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer en una entrevista en la cadena SER, que "no va a dar un paso atrás" en las leyes aprobadas que han molestado a la Iglesia y calificó de "inaceptable" las declaraciones de varios obispos acusando al Gobierno de recortar los derechos humanos.

Torres Mora recordó en el Congreso que ninguna de estas leyes -aborto, divorcio, matrimonio gay- obliga a los católicos: "Las leyes no les impiden a los que creen ganarse el cielo, pero no obligan a los que no creen a vivir un infierno en sus vidas". Defendía así el matrimonio homosexual, que ha sido criticado por el PP -aunque Mariano Rajoy no se compromete a derogarlo, como le pedía ayer Manuel Fraga, y deja que sea el Constitucional quien decida sobre la ley- pero sobre todo por la Iglesia.

El Papa, el pasado lunes, en su discurso ante los embajadores acreditados ante la Santa Sede, denunció, sin citar a ningún país pero en clara referencia a España, "los ataques preocupantes contra la integridad de la familia, fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer". El Papa repetía así la idea que expresó en una conexión en directo frente a las 160.000 personas congregadas en la plaza de Colón de Madrid y se alineaba con los obispos más beligerantes contra Zapatero. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ironizó, por su parte: "Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento hay ningún pasaje en el que se niegue a un ser humano la expresión de su afectividad hacia otro".

Mientras, Gaspar Llamazares, coordinador de IU, criticó la tibieza del Gobierno frente a la Iglesia y reclamó la llamada a consultas del embajador ante la Santa Sede tras la "asonada clerical". "¿Qué haría el Estado Vaticano si los políticos españoles convocáramos en la Plaza de San Pedro una marcha en pro del pluralismo moral y de matrimonios diversos y si, además, hiciéramos una conexión directa con el presidente del Gobierno español para que nos aleccionara a todos sobre las virtudes de las leyes españolas?", preguntó Llamazares.