La renovación del Constitucional, paralizada en cuatro comunidades

Faltan dos semanas para que concluya, el 29 de septiembre, el plazo dado por el Senado para que las comunidades autónomas presenten candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. Cuatro de los 12 magistrados deben ser cambiados por la Cámara alta, de entre los que propongan los Parlamentos autónomos (dos cada uno). Algunos, como Madrid, aseguran que los elegirán la semana que viene. La mayoría ha fijado sesiones plenarias para la semana del 22 al 26 de septiembre para aprobar sus candidaturas. Pero cuatro comunidades, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Murcia, ignoran formalmente por el momento la petición del Senado y ni siquiera se han sentado los portavoces a hablar del tema. La premura del plazo hace muy difícil que lleguen a participar en el proceso.

En la misma situación se encuentra la Comunidad Valenciana, aunque allí sólo depende de que el PP fije la fecha para el debate de política general, que es la sesión que debe inaugurar el curso político. Fuentes de los socialistas valencianos dan por hecho que, aunque no se ha iniciado el proceso, la designación de candidatos se producirá a tiempo.

La semana que viene se pondrán sobre la mesa todas las candidaturas. Por ahora sólo hay un nombre formal: Adela Asúa Batarrita, catedrática de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco. Ha sido propuesta por el Partido Socialista de Euskadi y será votada junto con un candidato del PNV el próximo día 26.

Madrid tendrá sus nombres listos para votarlos el día 17. El PP ha amenazado con imponer por mayoría absoluta dos candidatos unilateralmente si no llega a un acuerdo con el PSOE. Las tornas se invierten en el Parlamento de Galicia, donde fuentes socialistas reconocen que PSOE y BNG planean copar los dos nombres y dejar sin candidato al PP, que es el grupo mayoritario. Los nombres andaluces se conocerán el día 16.

Con las circunstancias de cada territorio, fuentes de socialistas y populares prácticamente descartan que llegue a haber 34 candidatos, el máximo previsto. En unos casos porque haya consenso en uno solo, en otros porque el desinterés o la batalla política de la región haga imposible proponer a alguien. Un dirigente socialista conocedor del proceso calcula que sólo habrá candidatos de una docena de comunidades.

Varios portavoces autonómicos socialistas y populares aseguran también que están "a la espera de órdenes" de sus partidos. Es decir, que esperan que les digan a quién tienen que proponer o si no tienen que proponer a nadie, porque descartan hacer el esfuerzo si no hay garantías de éxito. Ferraz y Génova rechazan tajantemente que tengan a sus candidatos cerrados, que haya órdenes directas hacia las comunidades o incluso que hayan hablado de nombres.

A pesar de la desconfianza o desconocimiento de PP y PSOE en las regiones hacia el sistema de propuestas, las formas se están respetando porque, en realidad, proponer un candidato que finalmente salga elegido no tiene ningún coste político en una comunidad autónoma, destacan fuentes socialistas. Pero sí puede tenerlo que el Estado conceda por primera vez esa posibilidad y las comunidades lo desprecien.

Si fuera necesario para lograr el acuerdo, los grupos del Senado pueden nombrar magistrados que no sean de los candidatos propuestos, pero tanto responsables del PP como del PSOE coinciden en que "sería un escándalo". El PP despreció en su día este proceso e incluso lo recurrió por inconstitucional.