Los represaliados de Franco tendrán un reconocimiento oficial del estatus de víctima

El Gobierno acelera la aplicación de la ley de memoria, prácticamente estancada desde que entró en vigor en enero de este año. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana cuatro reales decretos, y entre ellos uno que desarrolla por primera vez en la historia democrática el reconocimiento oficial del estatus de víctima del franquismo. El Ministerio de Justicia expedirá un certificado -de valor simbólico, ya que no otorga derechos económicos- a todas las víctimas y sus familiares en reconocimiento de que sus fusilamientos, encarcelamientos, torturas o trabajos forzados por motivos políticos fueron injustos. La democracia repara así el daño moral causado por la dictadura y rehabilita el nombre de todos los represaliados.

Las asociaciones de memoria pedían la anulación de todos los juicios, pero el Gobierno ha optado por esta vía simbólica sobre todo por la presión del mundo judicial, contrario a una revisión completa de la justicia franquista. El Gobierno, con los otros tres reales decretos, también resuelve un problema pendiente hace 30 años: el de las personas que ni fueron fusiladas por el franquismo -cuyos familiares fueron reparados económicamente en los 80- ni se pudieron acoger a la ley de víctimas del terrorismo, en la que se incluyen todos los asesinados desde 1968, año del primer muerto a manos de ETA, Melitón Manzanas. Son víctimas que, como los cinco fallecidos a manos de la policía en Vitoria en 1976, se habían quedado fuera de todas las reparaciones. El Gobierno establece una reparación de 135.000 euros (la misma que reciben las víctimas del terrorismo) para los familiares directos de estas personas.

Los otros dos decretos permiten obtener la nacionalidad española a los brigadistas internacionales sin renunciar a la suya (algunos países lo exigían) y recuperar documentos de carácter privado (correspondencia familiar, por ejemplo) que fueron incautados y permanecen en el archivo de la Guerra Civil en Salamanca. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha explicado que con esto se pretende desarrollar la ley -aún quedan los puntos más polémicos, como el mapa de fosas o la eliminación de los símbolos franquistas- y "hacer justicia" con los represaliados.