La reunión de hoy entre Zapatero y Rajoy normaliza el diálogo tras años de crispación

Si todo sale según lo previsto, hoy comenzará oficialmente la normalización de la política española, después de más de cuatro años de desencuentros.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, están preparados para consensuar posiciones en temas de Estado, como sucede en la mayoría de los países europeos -terrorismo, justicia y parte de la política exterior-, mientras mantienen sus discrepancias en los asuntos normales que dividen a la izquierda y la derecha: economía, política fiscal, modelo social... Además de los pactos en justicia y terrorismo, que se dan por hechos, Zapatero ofrecerá a Rajoy un acuerdo en política exterior para que el PP sea partícipe de la presidencia española de la UE, el primer semestre de 2010. Rajoy quiere pactar la política de pensiones y la territorial, más compleja por su oposición al Estatuto catalán, que Zapatero defiende.

Ambos están de acuerdo, sin embargo, en la condena del plan soberanista del lehendakari. En financiación autonómica, que también estará sobre la mesa, las diferencias son más entre comunidades ricas y pobres que entre PSOE y PP. En materia antiterrorista no habrá un pacto escrito, pero Rajoy se comprometerá a apoyar a Zapatero en su actual línea política: utilizar el Estado de derecho para combatir a ETA y descartar la vía del diálogo que marcó la anterior legislatura. En economía no habrá acuerdo. Rajoy llevará un documento para combatir la crisis con recetas que el Gobierno no comparte. Y como gesto de distancia, no hablará en La Moncloa. Explicará las diferencias y los pactos en la sede del PP.

Sobre el Pacto de la Justicia, ayer por la mañana estaba completamente cerrado, sin embargo, a mediodía, el PSOE se puso en contacto con el PP y reabrió de nuevo las conversaciones sobre uno de los cuatro apartados incluidos en la negociación, el referido al modelo judicial, que finalmente quedará fuera del acuerdo.

Los tres puntos sobre los que sí ha habido consenso son los referidos a la modernización de la justicia, la renovación de los órganos institucionales y medidas para endurecer las penas contra terroristas y pederastas.

El apartado sobre la modernización del sistema judicial es el más detallado y amplio, e incluye un compromiso presupuestario para los próximos cinco años, una nueva Oficina Judicial, la informatización e interconexión de todos los juzgados y la Carta de Derechos de los Ciudadanos.

Respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, el acuerdo no incluirá concreción de nombres o cuotas. Será en septiembre cuando se aborde la designación de vocales.

El capítulo que provocó ayer por la tarde la reapertura de la negociación, y que finalmente no estará en el acuerdo, es el denominado modelo judicial. En el último momento, el PSOE puso objeciones a dos asuntos: las competencias del Supremo y la unidad en los cuerpos de funcionarios de la Administración de justicia. Estos dos asuntos hacen referencia al desarrollo del Estatuto de Cataluña, que prevé la descentralización del Supremo en favor de los tribunales superiores de justicia autonómicos. Fuentes del PP aseguran que el PSOE había aceptado en los días previos que el Supremo tuviera las competencias sobre la casación, pero ayer dio marcha atrás y dejó todo el apartado fuera del pacto.