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Consecuencias de la sentencia del Supremo

La sala del Constitucional que decidirá sobre Bildu tiene un empate ideológico

Tres progresistas y tres conservadores dirimirán el recurso salvo que se avoque a pleno

El Tribunal Constitucional tiene dos caminos para dirimir antes del próximo viernes, día de comienzo de la campaña electoral, si Bildu, coalición formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba -una escisión de Ezker Batua- e independientes vinculados a Batasuna, puede presentarse a los comicios del 22-M.

El recurso que interpondrá Bildu contra la decisión del Supremo, que le impide concurrir a las elecciones, lo puede resolver la sala segunda del Constitucional -integrada por tres magistrados elegidos a propuesta del PP y otros tres a propuesta del PSOE-, a la que corresponde, o el pleno del tribunal, que conforman ahora 11 magistrados (siete promovidos por el PSOE y cuatro por el PP).

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El antecedente más próximo sobre este tipo de casos tuvo lugar hace solo dos años, cuando la coalición Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad Entre Los Pueblos, formada por los partidos Izquierda Castellana y Comuneros, recurrió la decisión del Supremo de impedirle su participación en las elecciones europeas con el argumento de que suponían una continuidad fraudulenta de la ilegalizada Batasuna.

En esa ocasión, la decisión sobre el recurso correspondió a la Sala Segunda del Constitucional, que corrigió al Supremo por unanimidad admitiendo la presencia de Iniciativa Internacionalista en esas elecciones, donde no obtuvo representación.

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Ahora, según distintas fuentes, el caso sería un poco distinto al de Iniciativa Internacionalista por su aparente mayor trascendencia. "Entonces", explican estas fuentes, "se trataba de una sola lista, ahora se trata de más de 250 candidaturas anuladas por el Tribunal Supremo".

Para que el pleno del Constitucional (11 magistrados) entienda sobre el recurso de Bildu es necesario que así lo decida el presidente del tribunal (Pascual Sala), el presidente de la Sala Segunda (Eugeni Gay), ambos progresistas, o así lo soliciten tres de los 11 magistrados del Constitucional.

Si la Sala Segunda se encargara del asunto y repitiese el esquema del Supremo (donde los magistrados de tendencia conservadora han votado contra Sortu y contra Bildu y los progresistas a favor en los dos casos), habría un empate a tres que podría resolver con su voto de calidad el presidente, Eugeni Gay, elegido en su día a propuesta del PSOE.

Si Gay decidiera que, ante un empate a tres, se avocara a pleno el caso para que la decisión la tomaran todos los miembros del Constitucional, los magistrados progresistas podría tener una mayoría de siete a cuatro si votaran en bloque.

Estas hipótesis son las mismas que manejan los principales partidos políticos a la hora de elucubrar sobre el final de la historia judicial abierta a raíz de que Batasuna decidiera apostar por estar presente en las elecciones municipales del 22 de mayo a través de una nueva formación política que trasladó a sus estatutos un rechazo explícito a la violencia terrorista de ETA.

Los magistrados del Supremo, por nueve frente a siete, no creyeron las nuevas intenciones de Batasuna y consideraron que era un maquillaje para salvar el obstáculo de la Ley de Partidos.

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