Los secretos vendidos a Rusia afectan "gravemente a la seguridad del Estado"

La documentación que el ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Roberto Flórez vendió entre los años 2001 y 2004 a los servicios secretos rusos "compromete de manera grave la seguridad del Estado". Así lo asegura la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS en el que mantiene la orden de prisión incondicional y sin fianza para el ex espía.

La afirmación del tribunal contrasta con las declaraciones del secretario de Estado y director del CNI, Alberto Saiz, quien, en la rueda de prensa sin precedentes en la que dio cuenta de la detención de Flórez el pasado 23 de julio, aseguró que la traición "no ha afectado en ningún momento a la seguridad de España, ni tampoco a otras organizaciones internacionales como la Unión Europea o la OTAN". También en su comparecencia a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, el pasado 26 de octubre, Saiz se esforzó por tranquilizar a los diputados y les aseguró que la fuga de información no alcanzaba a la lucha antiterrorista.

Por su parte, los jueces de la Audiencia de Madrid aseguran que, en el registro practicado en el domicilio de Flórez en el Puerto de la Cruz (Tenerife) los pasados 23 y 24 de julio, se incautó "numerosa documentación" que ha sido "visionada por un miembro autorizado del Centro Nacional de Inteligencia, que la ha calificado de información secreta que compromete de manera grave la seguridad del Estado".

No se conoce el contenido de estos documentos, ya que el sumario está declarado secreto, pero se sabe que entre la información vendida por el ex espía figuraban, como mínimo, "procedimientos, estructuras e identidades de decenas de miembros" del CNI; especialmente, los dedicados al área de Rusia. De hecho, la primera sospecha sobre la existencia de un topo llegó cuando los servicios rusos reventaron varias operaciones incipientes de su homólogo español.

En la documentación incautada al ex espía también figuraba, según el auto, "una carta personal y su borrador". Fuentes conocedoras de la investigación aseguran que se trata de la misiva en la que Flórez ofrecía información secreta a su contacto ruso a cambio del pago de 200.000 dólares (145.000 euros).

El auto de la Audiencia de Madrid, fechado el pasado 31 de octubre, rechaza el recurso de Flórez contra su prisión incondicional y se niega a sustituirla por otras medidas como la libertad bajo fianza, retirada del pasaporte o comparecencia diaria ante el juzgado. Los jueces apelan a la gravedad de los delitos de los que está acusado: el de traición, castigado con hasta 12 años de cárcel; y el de revelación de secretos, con penas de uno a cuatro años. "Consideramos que resulta imprescindible mantener la medida cautelar impuesta", argumentan, "porque acordar otra menos gravosa podría poner en peligro la investigación, pues no podemos olvidar que se trata de un experto formado durante años en tareas específicas derivadas de su pertenencia al CNI, que le podrían ser útiles a fin de acceder a las posibles fuentes de prueba existentes".

Al mismo tiempo, consideran que "existe un gran riesgo de fuga", pues "las conexiones internacionales con que cuenta le pudieran posibilitar fácilmente el sustraerse a la acción de la justicia". Flórez estuvo destinado en la Embajada de España en Perú, donde se ganó la confianza del que luego sería presidente Alejandro Toledo y, tras su salida del CNI, en marzo de 2004, montó una ONG denominada Centro de Tratamiento de Conflictos que contaba con una oficina en Bolivia y conexiones en México.

La decisión de la Audiencia mantiene indefinidamente a Flórez en la prisión de Alcalá Meco, a la que fue trasladado desde Tenerife. En cambio, el secreto del sumario se prorroga mes a mes y ayer mismo se celebró la vista pública del último recurso del ex espía contra esta medida. En un auto, dictado también el pasado 31 de octubre, la Audiencia justificó la prórroga del secreto por "la gravedad de los delitos imputados y, sobre todo, por la necesidad de proteger la seguridad del Estado". Además, "tratándose de documentación del propio imputado incautada en su domicilio", subraya, "es evidente que no puede alegar desconocimiento de su contenido, a efectos de indefensión". El tribunal va incluso un paso más allá al asegurar que de esta documentación "se desprenden indicios suficientes para poder deducir su participación en un delito de traición al Estado".