La segunda querella del PP contra Chaves excluye a su hija y a la empresa Matsa

La estrategia del PP de judicializar la vida política ha subido un nuevo escalón. Tras una larga e intensa campaña de cerco político, presentó ayer una querella ante el Tribunal Supremo contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, al que acusa de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, a raíz de la concesión, cuando era presidente de la Junta de Andalucía, de una subvención a una empresa en la que trabaja su hija Paula como letrada. Los populares ya formularon otra querella el pasado 22 de junio a nombre del PP andaluz sin que éste lo supiera. De hecho, la organización andaluza negó tajantemente tal iniciativa y fue Génova quien tuvo que anunciar su retirada con la excusa de que se iba a completar con nuevos datos.

Si el primer escrito incluía también a Paula Chaves y a la multinacional canadiense que recibió la ayuda de 10 millones de euros -Minas de Aguas Teñidas (Matsa)-, el presentado ayer va dirigido sólo contra el vicepresidente, y "cualesquiera otras personas que en fase de instrucción aparezcan como coautoras, cómplices o encubridoras". No obstante, pide que Paula Chaves declare como testigo.

La querella sostiene, en cuanto al delito de prevaricación, que Chaves no se abstuvo en el trámite de la subvención y presidió el Consejo de Gobierno de la Junta que la aprobó, "a pesar de conocer de modo indubitado que su hija (...) era nada menos que la responsable del departamento jurídico de la empresa favorecida". También asegura que el ex presidente sabía que la propuesta no se ajustaba a derecho y no concurrían los requisitos legales para acceder a "tan importante incentivo". Respecto al tráfico de influencias, la querella dice que Chaves intervino ante los órganos rectores de la Agencia IDEA, que otorgó la subvención, para que se librara.

El ahora vicepresidente ha afirmado en repetidas ocasiones que el Consejo de Gobierno andaluz presidido por él no aprobó la subvención, que se limitó a ratificarla "por imperativo legal y en razón de la cuantía del incentivo". En cuanto a su hija, ha asegurado que no intervino en el expediente. "No existía pues, en ese momento, causa, motivo o justificación de la inhibición".

Los populares han seguido también la vía administrativa, con una denuncia ante la Junta para que se incoe un expediente por una supuesta violación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de Andalucía.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que si la Fiscalía no investiga el posible uso de fondos públicos para fines privados por parte del ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz, su partido irá directamente a los tribunales.