Los socialistas se querellan contra Camps y toda la cúpula de la trama corrupta

Los socialistas valencianos han presentado este lunes una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; la cúpula del PP valenciano; el ex director general de Radio Televisió Valenciana (RTVV), Pedro García; contra la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, y cinco constructoras por la supuesta comisión de los delitos de financiación irregular, cohecho, malversación, falsedad de documento, prevaricación, alteración contable y delito fiscal.

El PSPV-PSOE incluye también entre los querellados a toda la cabecilla de la trama Gürtel, entre ellos al jefe de la red, Francisco Correa; a Cándido Herrero, consejero de Orange Market; Pablo Crespo, administrador único de Special Events; José Luis Izquierdo, empleado de confianza de Crespo, y Álvaro Pérez, presidente de Orange Market. En la lista de constructores denunciados están Enrique Gimeno Escrig, presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz Selfa, administrador único de Enrique Ortiz e Hijos; Antonio Pons, presidente del Grupo Empresarial PIAF; Vicent Cotino Escrivá, administrador de Sedesa y sobrino del vicepresidente Juan Cotino, y Luis Batalla, responsable de Lubasa.

El PSPV se ha apoyado en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, de 99 folios y 5 anexos, para dirigir estas acusaciones no sólo contra Camps, sino también contra el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla; el ex secretario general del PP, Ricardo Costa; el vicesecretario general del partido, David Serra; la tesorera, Yolanda García, el ex responsable de la televisión pública Valenciana, Pedro García. Éste último ha sido incorporado a la querella porque los socialistas lo consideran un "personaje central en la trama" organizada para financiar supuestamente al margen de la ley al PP valenciano.

Los hechos descritos en la querella "ponen de manifiesto la estrecha vinculación entre la trama Gürtel y la dirección del PP valenciano, con Camps a la cabeza, y también con los máximos responsables del Gobierno valenciano", ha resumido el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna. "Estos hechos confirman que el asunto de los trajes era exclusivamente la punta del iceberg", ha agregado el portavoz. Los socialistas sostienen que gracias a este "gigantesco sistema montado para financiar el PP" se organizó "una ingente maquinaria propagandística" que ha beneficiado a los populares frente al resto de partidos políticos.

De la inclusión de cinco empresas valencianas, que aparecen en el informe policial como parte del entramado de supuesta financiación de partido, Luna ha dicho que "no sería ni serio ni razonable, dejarlos fuera porque si bien pudieron recibir presiones del PP o del Consell, también hay que saber soportarlas".

El informe policial que sirve de andamiaje de los argumentos jurídicos que sostienen la querella es el mismo que fue rechazado por el TSJ valenciano -presidido por el magistrado Juan Luis de la Rúa, del que Camps llegó a decir que era "más que amigo" suyo-, que archivó la causa contra Camps por presunto delito de cohecho pasivo impropio. El documento asegura que el PP valenciano financió una parte de sus actos políticos con dinero de constructoras. Estas compañías pagaban a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, por servicios supuestamente no prestados, según la investigación. Las firmas citadas en el informe policial y la querella socialista niegan la supuesta vinculación con una financiación irregular del PP.

La inclusión de Pedro García en la querella es una de las novedades. Según los socialistas, se explica porque bajo el control de Pedro García, que mantenía una estrecha amistad con Álvaro Pérez, el cabecilla de la trama corrupta en Valencia, Canal 9 contrató por 6,4 millones con la constructora Teconsa la sonorización de los actos relacionados con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. En realidad, esta firma hizo de pantalla para que la trama se embolsara un millón de euros y el coste final del servicio que pagó Canal 9 fue casi el doble de lo que realmente costó la sonorización de los actos, según la investigación.