La sospecha se extiende en los municipios del archipiélago

La corrupción corroe la política canaria. Los casos de información privilegiada, comisiones ilegales y pelotazos urbanísticos se han multiplicado durante los últimos años en municipios de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Algunos han tocado al Gobierno autónomo, como las irregularidades en un concurso para la construcción de parques eólicos en 2006. Los más recientes son éstos:

- 'Caso Faycán'. Todos los miembros del gobierno local del PP en Telde (Gran Canaria), salvo un concejal, fueron detenidos y posteriormente dimitieron, a finales de 2006, por su implicación en una trama de favores urbanísticos a cambio de comisiones. El cerebro era la concejal de obras, Antonia Torres. "Cuando nos adjudicaron la obra, el asesor de la concejal nos dijo que debíamos abonarle 19.714 euros por haber sido adjudicatarios. Como no pagamos, dejaron de pagarnos las certificaciones de obras", declaró al juez un empresario extorsionado.

- 'Caso Mogán'. El juez ordenó el pasado febrero la detención del alcalde de Mogán, Francisco González (PP), por prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas y malversación por firmar un convenio con un empresario por el que éste debía entregar al ayuntamiento tres parcelas que nunca cedió. La nómina de supuestos delitos de su primera teniente de alcalde, Onalia Bueno, se completaba con un fraude electoral por comprar supuestamente votos de turistas a los que lograba empadronar en el municipio. Bueno fue además acusada por la policía de espiar a la comisaria que investigó el caso.

- 'Caso Teresitas'. El fiscal presentó en diciembre una querella contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), tres concejales (uno de ellos del PSOE y otro del PP), varios técnicos municipales y dos empresarios por prevaricación y malversación. Los empresarios compraron suelo por 30 millones en los aledaños de la playa de Las Teresitas, revendieron un tercio por 53 millones al ayuntamiento, y el resto, recalificado, alcanzó un valor de 106 millones. El supuesto pelotazo ascendió a 129 millones de euros. Buena parte del suelo era público y el resto, un acantilado.