La temeridad y negligencia de los pilotos causó el accidente del Yak-42
Las compañías implicadas deben indemnizar con 6,1 millones a las familias
La "actuación temeraria" de la tripulación, que realizó maniobras "gravemente negligentes", fue la causa del accidente del Yakovlev-42, en el que perdieron la vida 62 militares españoles que regresaban de cumplir su misión en Afganistán el 26 de mayo de 2003. Así lo asegura la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, María Teresa Real Clemente, en la sentencia civil en la que condena a la línea aérea ucrania UM Air, a la intermediaria Chapman Freeborn y a la aseguradora rusa Busin Joint-Stock a indemnizar con 6,1 millones a los familiares directos de las víctimas.
Se trata de la tercera condena dictada por los tribunales en este caso, ya que la Audiencia Nacional impuso en mayo pasado entre 18 meses y tres años de cárcel al general y a los dos comandantes que realizaron las falsas identificaciones de los cadáveres -cuyo recurso se ve el próximo miércoles en el Supremo- y otro juez de Zaragoza ya condenó en mayo de 2006 a las mismas compañías por la vía civil, aunque el juicio tuvo que repetirse por defecto de forma.
El avión no podía despegar con la caja negra averiada, según la sentencia
La indemnización global fijada por aquel fallo (10 millones de euros) era superior a la actual pero ordenaba deducir unos tres millones de euros ya abonados a cuenta del seguro, lo que no hace la nueva sentencia.
La juez de Zaragoza concluye que el accidente del Yak-42 fue consecuencia de un error humano, pues no se ha probado que se produjera un fallo mecánico en el avión, ni un mal funcionamiento de la torre de control del aeropuerto de Trabzon (Turquía), y las condiciones meteorológicas no eran especialmente adversas.
"Lo único que se constata es que las maniobras realizadas por la tripulación fueron gravemente incorrectas", señala la sentencia, ya que, tras un aterrizaje frustrado, los pilotos llevaron el aparato hacia una zona donde estaba prohibido volar. Para explicar el comportamiento de la tripulación, que califica de "gravemente culposo", la juez se remite al informe de la comisión técnica turca de investigación, según el cual los pilotos se desorientaron por completo y creyeron que estaban volando sobre el mar cuando se dirigían hacia las montañas. Al cansancio acumulado tras un retraso no previsto de cinco horas en su anterior escala, se sumó la tensión ambiental, la falta de información y de coordinación entre ellos. Tras desconectar el piloto automático, hicieron caso omiso de la alarma que alertaba de la proximidad al suelo.
"La prolongada duración del servicio [17 horas y 26 minutos] provocó el agotamiento" de los pilotos y su empeño por aterrizar en Trabzon, donde esperaba una tripulación de refresco, les produjo "una presión considerable".
La explicación última de lo sucedido debía haberla aportado una caja negra denominada CVR, donde quedan registradas las conversaciones en la cabina, pero ésta no funcionaba desde 45 días antes del siniestro, pese a ser preceptiva. "Este elemento, evidentemente no influye en el accidente, pero si no estaba operativo no se podía despegar, como nos han aclarado los peritos que depusieron en el juicio", añade la juez.
La sentencia rechaza que el vuelo de Yak-42 fuese militar, ya que tanto el aparato como la tripulación eran civiles y que las sucesivas subcontrataciones eximieran de responsabilidad a Chapman como contratista principal, que recibió el encargo a través de la agencia Namsa de la OTAN.
El fallo las fija en 60.000 euros para cada viuda; 30.000 para cada huérfano; 8.500 para cada uno de los padres (aunque esta cifra se eleva a 30.000 cuando no hay viuda) y 3.000 por hermano. Esta última cantidad, aunque simbólica, reconoce por vez primera el derecho de los hermanos a indemnización.
Aunque la sentencia es recurrible, tiene carácter ejecutivo. La asociación que agrupa a la mayoría de las familias expresó ayer su satisfacción porque se reconozca que el vuelo fue ilegal, pero no quiso anticipar si presentará recurso, aunque las indemnizaciones que pidió (60 millones de euros en total) eran muy superiores. Recibirán esta reparación económica 59 de las 62 familias, pues tres no se personaron o desistieron.
La sentencia deja claro que "el riesgo que se asume en la profesión militar no se refiere al transporte en un vuelo civil de vuelta a casa tras el desarrollo de una misión" y agrega que el Estado no puede desentenderse de las consecuencias que se derivan de su competencia "exclusiva, indelegable e irrenunciable" en materia de defensa. Aun así, aclara, "[este asunto] no es competencia nuestra, puesto que el Estado español no es demandado en estos autos".
La competencia corresponde a la Audiencia Nacional, que el próximo día 18 analizará los recursos en el proceso penal por la contratación del Yak-42, en el que hasta ahora están imputados cinco mandos militares.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa del Congreso, Jesús Cuadrado, dijo que el Yak-42 es la "imagen moral del Gobierno de Aznar" y se preguntó cómo es posible que siga en activo su máximo responsable político: el ex ministro de Defensa Federico Trillo.
