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"Los terroristas nos ponen unas denuncias y los políticos otras"

El sindicato SUP reacciona con dureza a los ataques del PP

Pablo Ximénez de Sandoval

El sindicato policial mayoritario reaccionó ayer mismo a la denuncia presentada por el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, en la que pide que se investigue a toda la Policía Judicial por revelación de secretos. "Hasta ahora sabíamos que intervenir contra grupos terroristas era asumir denuncias de torturas o malos tratos", reza un duro comunicado del Sindicato Unificado de Policía (SUP). "A partir de ahora sabemos que siempre que intervengamos en delitos de corrupción con políticos implicados seremos objeto de otras denuncias".

En ésta en concreto, presentada el viernes, el PP señala al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, al jefe de la Policía Judicial, al comisario de Delitos Económicos y a todos los policías que hayan participado en la investigación como sospechosos de revelar a "medios del Grupo PRISA" información secreta de los sumarios del caso Gürtel (una trama de corrupción masiva que afecta al PP, desde su dirección hasta los ayuntamientos).

La denuncia pide que declaren todos ellos ante un juez para hallar a los supuestos filtradores, al más puro estilo caza de brujas. Trillo no cita como sospechosos de dar información a los jueces, ni a los fiscales, ni a todo el personal de los juzgados, ni a las decenas de imputados o sus abogados, ni a posibles miembros del PP conocedores de los hechos. Sólo señala a los policías que han realizado la investigación.

El SUP recomienda en su nota que el PP investigue "entre sus propias filas", y apunta: "Los datos de que disponemos nos hacen asegurar que las filtraciones del caso Gürtel no proceden de ningún policía".

"No es coherente"

Pero sobre todo el sindicato recuerda en su comunicado que la denuncia "no es coherente" con lo que les manifestó, en una reunión convocada específicamente, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, el pasado martes 21 de julio. Cospedal se reunió con este sindicato y con otros dos (SPP y CEP) y les trasladó su "preocupación por la utilización política de la Policía Judicial". Los sindicatos le advirtieron entonces que los dirigentes del PP se estaban excediendo en sus manifestaciones contra la policía por las filtraciones a la prensa. También les anunció la presentación de la denuncia, y que la posición del PP partiría de un "escrupuloso respeto al Cuerpo Nacional de Policía y a sus profesionales". Ese día, en rueda de prensa, Cospedal recordó que la custodia de la información corresponde al juzgado, a la Policía Judicial y a la fiscalía. La denuncia que anunciaba Cospedal, sin embargo, finalmente, reduce sus sospechas hasta centrarlas en "cuantos funcionarios de la Policía Judicial hayan participado en intervenciones o escuchas telefónicas" del caso Gürtel y sus jefes inmediatos.

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El secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, destacó ayer estas contradicciones y calculó que todos los policías que quiere citar a declarar Trillo deben ser "entre 100 y 150". El SUP planea presentar acciones legales contra el PP por las acusaciones "en cuanto se archive este asunto", y está en conversaciones para coordinarse con otros sindicatos.

Cospedal y Trillo, frente a la policía

21 de julio. Dolores de Cospedal se reúne con tres sindicatos policiales.

- Les dice que el PP sospecha que las filtraciones vienen de Interior o de la fiscalía.

- Les traslada su respeto por los profesionales y dice que sus acciones políticas no irán contra el Cuerpo Nacional de Policía.

24 de julio. Federico Trillo presenta una denuncia para hallar las fuentes de EL PAÍS.

- Centra sus sospechas sólo en la Unidad de Delitos Fiscales y Económicos (UDEF).

- Pide que declaren ante un juez todos los policías que han participado en la investigación y sus jefes inmediatos.

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Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval
Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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