Una trama de corrupción masiva en Mogán
La investigación de la trama corrupta de Mogán (municipio canario de 18.000 habitantes que gobierna el PP) arrancó en junio de 2006, provocó la detención de parte de la cúpula municipal en febrero de 2007 y ha revelado ahora, cuando se ha conocido parte del sumario, unas prácticas escandalosas del alcalde, que sigue en el cargo, y alguno de sus principales colaboradores.
La trama de corrupción abarcaba toda la gestión municipal y algo más: compra de votos por 30 euros, empadronamiento fraudulento, creación de inmobiliarias privadas con testaferros, arbitraria paralización de expedientes o de denuncias municipales, ocultación del vertido al mar de aguas sin depurar, retirada de multas de Tráfico, recalificaciones o contrataciones a la carta... Todo lo que está bajo el poder de un alcalde, Francisco González (PP) que, según el sumario, franquea los límites legales. La investigación empezó bajo la sospecha de que tanto el alcalde como algunos de sus ediles pactaban convenios urbanísticos con empresas inmobiliarias con las que tenían intereses. Se ordenaron pinchazos telefónicos y cada conversación grabada dio un apunte de un delito distinto, por críptico que fuera su lenguaje. Él y su equipo casi nunca hablaban de política, sino de negocios y favores tan privados como ilegales. La investigación sigue bajo secreto. Pero la parte del sumario liberada, 3.000 folios a los que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran decenas de charlas que sugerían prácticas delictivas. El regidor del PP tenía contactos con guardias civiles para intentar quitar multas de tráfico, hablaba con sus técnicos para mejorar la edificabilidad de parcelas propiedad de otros dirigentes del PP, o dilataba expedientes urbanísticos para evitar la demolición de edificios propiedad de amigos suyos.
