La trama corrupta de Estepona financió a partidos con las comisiones ilegales

La red corrupta de Estepona capitaneada por sus dirigentes municipales acumuló tal volumen de comisiones ilegales fruto de su extorsión -gracias a la complicidad de técnicos, abogados y empresarios- que le permitió lucrarse personalmente, pagar actividades municipales y financiar a los dos partidos políticos que gobernaban la localidad hasta 2007 (PSOE y Partido Estepona, PES). Una caja b municipal, que manejaban el alcalde socialista, Antonio Barrientos, el concejal de Hacienda, Francisco José Zamorano, y su antecesor, el edil Manuel Reina, del PES (integrado por ex dirigentes del GIL), atesoraba el dinero de las comisiones ilegales. Posteriormente, tal fondo se repartía entre los ediles corruptos, sus formaciones políticas, y el pago de actos municipales de concejalías.

La investigación impulsada desde 2006 por la Fiscalía Anticorrupción y la Comisaría General de Policía Judicial, a resultas de una denuncia interna contra la trama, ha evidenciado que las comisiones recabadas desde el Ayuntamiento de Estepona sirvieron para esos fines ilegales.

Parte del botín, según la investigación, fue a los bolsillos de los miembros de esta trama, a la que se atribuye, entre otros delitos, el de blanqueo de capitales. Esa sospecha policial se desprende de frases comprometedoras grabadas a los supuestos corruptos. Además, se cimenta en la constatación del incremento patrimonial injustificado detectado en algunos de los concejales investigados. Como dicho patrimonio, según la investigación, procede de unos fondos delictivos (comisiones), los ediles incurren en blanqueo de capitales. Para ocultar el uso del dinero sucio contaron con la ayuda de promotores y constructores. Los ingresos de la caja b que manejaba el alcalde, al que se le imputa el delito de llevar una doble contabilidad en el municipio que gobernaba, tenía distintos orígenes, todos ilegales:

- Convenios urbanísticos. El Ayuntamiento de Estepona hace una cesión de suelo al promotor y valora la contraprestación que debe recibir. Dicha valoración siempre se hacía por debajo del precio real pero, en realidad, el promotor devolvía parte del dinero regalado por el ayuntamiento a los encargados de gestionar la caja b.

- Adjudicaciones irregulares de obras y servicios. El otorgamiento de un contrato forzando la ley a un empresario amigo tenía un precio. El peaje se integraba en los circuitos financieros clandestinos municipales.

- Aportaciones directas de empresarios a concejalías. La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, unidad policial de delitos económicos, sospechan que las aportaciones de empresas privadas a distintas concejalías para sus actividades públicas respondían a previos favores municipales a sus firmas.

- Otorgamiento de licencias municipales de todo tipo bajo exigencia de previo pago. La exigencia a particulares de un peaje ilegal se convertía en otra fuente de ingresos para la caja b.

- Favores municipales a amigos o parientes. Según su tipología y gravedad, pueden revestir carácter penal o no. Los favores, en ocasiones, pudieron ser agradecidos económicamente, según la investigación.

- Contratación ilegal de personal. La trama gobernante prescindió de concursos para encumbrar así en el aparato municipal a sus parientes o amigos.

Cada uno de los imputados en esta operación se ve implicado en distintas operaciones delictivas. Así, el alcalde socialista cometió supuestamente media docena de delitos (prevaricación, nombramiento ilegal, cohecho, tráfico de influencias, doble contabilidad y blanqueo de capitales). Su jefe de gabinete, José Flores Simón, es sospechoso de tráfico de influencias, malversación y blanqueo.

El concejal de Hacienda, el socialista Francisco José Zamorano, cometió supuestamente un delito contra la Hacienda Pública además de controlar la caja b del ayuntamiento. La investigación le atribuye además los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, negociación prohibida a funcionario público, información privilegiada, y blanqueo de capitales. En esa concejalía estuvo durante la pasada legislatura el concejal Manuel Reina, del Partido Estepona, acusado de idénticos delitos. Uno de los empresarios detenidos, Enrique González Ceano, gestionó la última campaña publicitaria electoral del PSOE en Estepona.

Otros presuntos cómplices de los responsables políticos para convertir la gestión urbanística en comisiones ilegales fueron los arquitectos municipales Ignacio de la Hoz y Arturo Cebrián, junto a altos cargos vinculados al Urbanismo como Andrés Arturo Flores Gómez, Xavier Wittmeur, casualmente responsable en el Ayuntamiento de la valoración de suelos. En total hay 26 detenidos a los que ayer empezó a interrogar la titular del juzgado número 1 de Estepona.